En una jornada marcada por la tensión y la violencia, la Policía de la Ciudad reprimió a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que se manifestaban sobre la avenida General Paz, en repudio a los despidos y al cierre de 25 sedes regionales del organismo en todo el país.
La protesta, convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comenzó en la sede del INTI ubicada cerca de la avenida Constituyentes, donde los empleados expresaban su rechazo a la decisión del gobierno porteño de no renovar mil contratos y cerrar oficinas del INTI en diversas ciudades, incluida su sede en el límite entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Minutos después de que comenzara el corte de una de las colectoras en dirección al Riachuelo, a la altura de Villa Maipú, la Policía de la Ciudad intervino para intentar disolver la manifestación. Posteriormente, un pelotón de Gendarmería se sumó al operativo frente a los trabajadores.
Sin esperar los resultados del diálogo entre el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, y los oficiales a cargo, el Ministerio de Seguridad porteño, bajo la dirección de Waldo Wolff, ordenó a la infantería avanzar contra los manifestantes. Los agentes usaron gas pimienta y golpearon con bastones a los trabajadores, quienes respondieron arrojando piedras.
«Es una barbaridad lo que están haciendo», criticó una de las profesionales del INTI en crisis, en diálogo con C5N. «A los trabajadores que no estamos armados con la plata del Estado nos vienen a reprimir como si nada», agregó.
El ministro Wolff defendió la actuación de la Policía y subrayó que están «aplicando la ley». «Como decimos siempre: manifestarse sí, cortar la calle, no», afirmó.
La tensión se prolongó durante varios minutos hasta que los manifestantes fueron empujados detrás de la colectora. La situación continuó tensa, con ambos bandos enfrentados, hasta que la Policía logró dispersar la protesta.
Este incidente ha intensificado el conflicto entre el gobierno porteño y los trabajadores del INTI, que denuncian una política de ajuste que pone en riesgo sus puestos de trabajo y el funcionamiento del organismo.
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