La Justicia ha iniciado un proceso colectivo contra el gobierno nacional, en respuesta a la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. El juez en lo contencioso administrativo federal, Walter Lara Correa, ha convocado a personas, asociaciones u organizaciones que pudieran tener un interés en el resultado del litigio.
El proceso fue iniciado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes presentaron un amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.
El juez Lara Correa abrió un período de convocatoria para que cualquier interesado pueda presentarse en el expediente. Además, solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la ejecución de los programas de alimentos.
La periodista Vanesa Petrillo, en el programa «De Una» por C5N, explicó: «Se abrió un amparo colectivo para que se garanticen los alimentos a los comedores. Es un pedido que habían hecho varias organizaciones y ahora el juez ha dado lugar a la apertura de este proceso colectivo». Petrillo destacó la potencial magnitud del proceso, señalando que podría involucrar a una gran cantidad de personas y organizaciones, todas enfocadas en garantizar que el Gobierno cumpla con su deber de proveer alimentos.
Por su parte, la periodista Paula Marussich presentó la postura del gobierno de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei. Marussich explicó que el Gobierno alega que no entregará los alimentos debido a que pertenecen a una contratación irregular de la gestión anterior. Sin embargo, cuestionó esta excusa, mencionando que «hay comedores que fueron auditados, que existen y que hacen todo bien, pero aún así no recibieron nada».
Marussich criticó duramente la política del Gobierno, calificándola como «desalmada» y acusando a la administración de Milei de poner excusas para no ejecutar las partidas destinadas a los comedores.
Este nuevo revés judicial pone en evidencia una crisis en la gestión de programas sociales esenciales, generando una fuerte controversia y un llamado a la acción para asegurar la provisión de alimentos a los sectores más vulnerables del país.
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