El plenario de Educación y Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió cinco dictámenes con proyectos de ley para actualizar los fondos de las universidades nacionales y protegerlos de posibles recortes. La oposición, aunque no logró una postura unificada, confía en alcanzar un acuerdo en la sesión convocada para el 4 de junio, enfrentándose al desafío de obtener los dos tercios necesarios para frenar un eventual veto presidencial.
La sesión fue impulsada por una masiva marcha en defensa de la Educación Pública y representa un primer paso significativo para asegurar el financiamiento universitario. La decisión de avanzar se tomó en un plenario forzado por la oposición, donde se emitieron cinco dictámenes para actualizar los fondos universitarios. Aunque no se logró un dictamen unificado, las fuerzas de Unión por la Patria (UxP), la UCR, y Hacemos Coalición Federal (HCF) junto a bancadas provinciales y de izquierda, mostraron optimismo en llegar a un consenso para la sesión de junio.
El principal desafío será alcanzar los dos tercios en el recinto para evitar un veto presidencial. La desconfianza hacia el gobierno nacional es palpable, ya que ni siquiera el anuncio de un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales logró calmar a los diputados de la oposición, quienes decidieron tomar medidas por su cuenta. «Sin resolución los rectores no confían», fue la postura de la oposición, que busca una actualización de fondos universitarios basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los cinco dictámenes presentan diferencias mínimas. Tanto UxP como el conglomerado UCR-HCF-Innovación Federal proponen una actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento, tomando en cuenta la inflación de 2023 y un ajuste bimestral para 2024 según el IPC. El dictamen de UxP incluye, además, la extensión del mecanismo de actualización a otras áreas como la extensión universitaria y la ciencia y técnica, y solicita al Poder Ejecutivo restablecer el financiamiento de obras de infraestructura universitaria y actualizar los salarios docentes y no docentes.
Por su parte, el dictamen del radicalismo limita la actualización a los gastos de funcionamiento y modifica las pautas de distribución de los fondos universitarios basándose en el número de estudiantes, tipo de carreras ofrecidas, actividad científica y cantidad de escuelas u hospitales a cargo. Esta propuesta generó desconfianza en el peronismo, que la percibe como un intento de beneficiar a las universidades más grandes.
El oficialismo y el PRO presentaron un dictamen que solo autoriza al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mientras que La Libertad Avanza acusó a la oposición de hacer una «campaña del miedo» y sugirió que la sesión podría ser innecesaria si se llegaba a un acuerdo con los rectores.
La dinámica política en torno a esta iniciativa es intensa, con sectores del radicalismo advirtiendo que un acuerdo entre rectores y gobierno podría poner en peligro el quórum. Sin embargo, la mayoría de los diputados de HCF y otros sectores de la oposición coinciden en que la sesión del 4 de junio es crucial para enviar un mensaje claro a Milei sobre la importancia de proteger el financiamiento universitario.
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