La provincia de Misiones continúa en estado de ebullición ante la serie de protestas que se han desencadenado en los últimos días, sumando nuevos sectores a las manifestaciones que ya han captado la atención nacional. Lo que comenzó como una inusual alianza entre docentes y policías ha evolucionado hacia una amplia coalición de descontento, ahora con la posible adhesión de los trabajadores de la industria yerbatera.
El miércoles, trabajadores de Salud no alineados con los acuerdos salariales propuestos por el gobierno de Hugo Passalacqua tomaron el Ministerio de Salud en Posadas, denunciando maniobras para impedir las negociaciones. Este acto se unió a la protesta de empleados de Energía de la provincia, quienes bloquearon la sede de la empresa estatal en un inédito reclamo sectorial.
Ahora, la atención se centra en la posible participación de los yerbateros misioneros en las barricadas de la avenida Uruguay, epicentro de las protestas. Este sector, vital para la economía local, se enfrenta a una amenaza por la apertura de importaciones que podría afectar gravemente la producción local en favor de competidores extranjeros.
Carlos Lezcano, vocero del colectivo docente, expresó el creciente apoyo a las movilizaciones: «Pensaban que siempre nos iban a tener sometidos porque esta gestión política es así. No solo nos someten con un salario de hambre: hay una política educativa que busca destruir la formación del ciudadano con esquemas que impiden el desarrollo de una persona independiente, libre y crítica. Pero no importa: acá estamos todos y seguiremos resistiendo hasta el final».
Los líderes de las protestas policiales, Ramón Amarila y Germán Palavecino, también intensificaron sus reclamos: «Queremos dialogar. No nos gusta esa conducta de viejos capataces de campo a sus peones que no son propias de los tiempos que estamos viviendo».
La reciente «Marcha de Antorchas», que atravesó la Universidad de Misiones hasta la Plaza del Mástil de Posadas, fue una demostración masiva de apoyo a las demandas sindicales.
El conflicto, que inicialmente estaba focalizado en autoridades provinciales, podría escalarse a nivel nacional si el gobierno de Alberto Fernández no atiende las demandas de los sectores movilizados.
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