El Gobierno anuncia la «emergencia ferroviaria» tras el choque de trenes en la línea San Martín, que puso al descubierto el desfinanciamiento crítico del sistema. Sin embargo, detrás de este anuncio, se revela un ajuste sin precedentes en el sector, con recortes presupuestarios que alcanzan el 60 por ciento en los primeros cuatro meses del año.
Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la desinversión en las empresas ferroviarias es alarmante. Este recorte, combinado con un plan de despidos de más de tres mil empleados, evidencia un proceso de desguace destinado a preparar el terreno para la privatización, una idea que ha sido promovida por figuras como Javier Milei y que se encuentra contemplada en la ley ómnibus.
Empresas como Dota, con vínculos cercanos al Gobierno, ya muestran interés en adquirir líneas ferroviarias, como el Roca, el San Martín y el Belgrano Sur. El ministro de Interior, Guillermo Francos, ha expresado públicamente la necesidad de participación del sector privado en la gestión ferroviaria, respaldando la visión de Milei sobre la privatización.
Aunque la declaración de «emergencia» podría revertir parcialmente el ajuste en curso, su efectividad está en duda, ya que el contenido del decreto aún está siendo debatido entre las distintas áreas del gobierno. Mientras tanto, los funcionarios del sector han advertido sobre la precaria situación del sistema en múltiples ocasiones, con solicitudes desesperadas de fondos para mantener la operatividad de las líneas.
El ajuste se ha traducido en recortes significativos en las transferencias de Economía a las empresas ferroviarias, llegando al 60 por ciento en términos reales. Este desfinanciamiento ha provocado tensiones con los sindicatos y ya ha dado lugar a despidos, como los ocurridos en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE).
Martín Marinucci, ex titular de Trenes Argentinos, ha denunciado que la situación actual recuerda al «ferrocidio» de los años 90, advirtiendo sobre los riesgos de priorizar los números financieros sobre la seguridad y eficiencia del sistema ferroviario.
El desguace del ferrocarril argentino continúa generando controversia y preocupación, con fuertes críticas hacia el gobierno por su enfoque en la privatización a costa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
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