Una propuesta del gobierno argentino para saldar una deuda de más de un billón de pesos con las empresas generadoras de energía ha provocado resistencia en el sector empresarial. La propuesta, que implica cancelar la deuda por subsidios energéticos con una quita del 50%, incluyendo a generadoras eléctricas y productoras de gas, ha sido objeto de desaprobación por parte de las empresas afectadas.
El gobierno planea anunciar que la deuda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras eléctricas se cancelará mediante un bono que vence en 2038. Según el Ministerio de Economía, se abrirá la emisión del bono AE38 por unos $ 600.000 millones durante la próxima semana.
La resolución, revelada por el portal especializado EconoJournal, establece que las Liquidaciones de los Acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por las Transacciones Económicas de diciembre de 2023 y enero de 2024 serán canceladas con la entrega de títulos públicos «Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses Step Up 2038 (Bono usd 2038 L.A.)».
Sin embargo, las empresas eléctricas muestran su reticencia ante este mecanismo de pago. Según fuentes del mercado de energía, la deuda del Tesoro con Cammesa asciende a los $ 1.061.574,7 millones (1,06 billones de pesos), aunque en el gobierno estiman que la cifra es considerablemente menor.
Las operaciones impagas, que incluyen la compra de gas a petroleras como YPF, PAE, Total Austral, Pampa Energía y Tecpetrol, así como la adquisición de energía eléctrica producida por diversas empresas, representan una suma considerable. Según fuentes empresariales citadas por El Cronista, la deuda acumulada hasta febrero supera los 2200 millones de dólares.
La desactualización de tarifas ha sido señalada como una de las causas del problema, generando un desfasaje entre los precios pagados por las distribuidoras y los recibidos por las generadoras. A pesar de los intentos gubernamentales por resolver la situación, incluyendo ajustes tarifarios, el problema persiste.
El gobierno sostiene que la mejora de las perspectivas financieras a corto plazo, incluyendo una caída del riesgo país, podría eventualmente persuadir a las empresas de aceptar el mecanismo de pago propuesto. Sin embargo, la resistencia de las empresas generadoras sugiere que aún queda un largo camino por recorrer en la resolución de esta crisis eléctrica y financiera.
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