María Celeste Ponce, diputada por la provincia de Córdoba y miembro destacado de La Libertad Avanza, ha generado controversia al hacer lobby a favor de una fábrica de armas mientras ejerce sus funciones en el Congreso Nacional. Conocida como la «pistolera» del polémico líder político Javier Milei, Ponce ha sido objeto de críticas por su vinculación directa con la industria armamentista.
En un video recientemente compartido en su cuenta de TikTok, Ponce no dudó en recomendar al Ejército argentino que adquiera pistolas de una empresa privada, desestimando las opciones gubernamentales. Este gesto ha levantado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y sobre la ética de un representante del pueblo promocionando intereses privados en un ámbito público.
La diputada, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja, ha generado gran preocupación al negar abiertamente la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Sus declaraciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, han sido motivo de debate y rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad.
Ponce, anteriormente al salto a la función pública, estuvo al frente de una empresa de software, sin embargo, su incursión en la política no ha frenado su activismo a favor de la industria armamentista. En un video desde la fábrica Bersa, en Ramos Mejía, la diputada celebró la capacidad de la empresa para colocar parte de su producción en Estados Unidos, mientras sostiene una pistola y elogia sus características tanto para fuerzas de seguridad como para uso deportivo.
Esta situación ha levantado críticas hacia Ponce y su partido político, cuestionando su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos. Su presencia en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Sabrina Ajmechet, ha sido objeto de debate, especialmente después de expresiones controvertidas en redes sociales, donde ha redefinido conceptos relacionados con la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.
El debate sobre la ética y la transparencia en el ejercicio del poder legislativo se ha avivado con las acciones de Ponce, quien ha dejado en evidencia la necesidad de una mayor regulación y control sobre las actividades de los representantes políticos, especialmente cuando se trata de intereses económicos privados que puedan influir en decisiones de política pública.
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