En una escalada de tensiones judiciales, al menos dos causas penales han sido iniciadas contra el presidente Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Salud, Mario Russo, por la interrupción en la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades graves. Esta situación ha resultado en la muerte de al menos siete personas que aguardaban desesperadamente por sus tratamientos. La denuncia, encabezada por el abogado Daniel Trava, señala un «abandono indigno» por parte del Estado, calificándolo como «mistanasia».
La polémica surgió durante la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, donde un periodista cuestionó la interrupción en la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades graves, citando el caso de un joven de 22 años que falleció mientras esperaba su tratamiento. Adorni, con tono altanero, negó los hechos, desatando una ola de denuncias y repudios.
La situación se agrava con la revelación de que la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DASDE) ha suspendido las entregas de medicamentos desde diciembre, bajo el pretexto de investigar las compras realizadas durante la gestión anterior. Esta decisión ha dejado en la desesperación a miles de pacientes que dependen de la ayuda estatal para sobrevivir.
El abogado Trava, al ratificar su denuncia el próximo martes en la fiscalía de Carlos Rívolo, exigirá que se impute al Presidente y a los ministros por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Además, se espera que otras denuncias similares se unan al proceso judicial, demostrando la magnitud de la crisis.
Por su parte, el periodista Fabián Waldman, quien había planteado el tema durante la conferencia de prensa, también recibió una respuesta despectiva por parte del gobierno, evidenciando una falta de empatía hacia las víctimas y sus familias.
El amparo colectivo presentado por seis organizaciones de pacientes y familiares reveló al menos 2000 casos de reclamos con expedientes en trámite ante la DASDE, confirmando el incumplimiento sistemático por parte del Estado. La demora en la respuesta judicial, evidenciada por la declaración de incompetencia del juez Walter Lara Correa, agrega un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia para los afectados.
Ante esta situación, la sociedad espera una pronta respuesta de la justicia y acciones concretas por parte del gobierno para garantizar el acceso a los medicamentos indispensables para aquellos que luchan contra enfermedades graves. La «mistanasia» no puede ser tolerada en un Estado que debe velar por la vida y el bienestar de todos sus ciudadanos.
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