El país se estremece ante el último intento del gobierno por calmar las aguas turbulentas que amenazan con desbordarse. En un desesperado movimiento, el gobierno anunció un supuesto acuerdo con las universidades, pero la verdad ha salido a la luz: ¡no existe tal acuerdo!
El anuncio gubernamental sobre un incremento en el presupuesto universitario resultó ser un espejismo. Aunque se proclamó un aumento del 70 por ciento en los gastos de funcionamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional lo desmintió categóricamente, calificándolo como un reconocimiento tibio al ajuste que sufre la educación pública.
La marcha programada para el 23 de abril en defensa de la universidad pública sigue en pie, y su convocatoria ha ganado fuerza tanto nacional como internacionalmente. Incluso instituciones privadas, como la UADE, se han unido al llamado. Actores, científicos, docentes, dirigentes gremiales y estudiantes se unen en un clamor contra el desprecio del gobierno hacia la educación pública.
Este no es el primer intento del gobierno por desactivar el descontento popular. Ya en marzo, anunciaron un aumento similar en un intento fallido de frenar una huelga de docentes universitarios. Pero la historia se repite, y una vez más, las promesas se desvanecen en el aire.
El supuesto acuerdo, presentado como fruto del consenso con los rectores universitarios, ha sido desacreditado. Los rectores, a la espera de una invitación formal para discutir estas medidas, destacan la importancia de la marcha del 23 de abril como una muestra de unidad en defensa de la educación pública.
Las redes sociales han sido testigo de la indignación generalizada. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, desenmascaró la farsa gubernamental al afirmar que no hubo acuerdo, sino una mera propuesta informal que apenas subsana una fracción del ajuste presupuestario.
El gobierno, mientras tanto, continúa su estrategia de ataques y descalificaciones. Tanto el presidente Milei como su ministro del Interior han denigrado a los docentes universitarios y han cuestionado la importancia de la educación pública, revelando un profundo desapego hacia las universidades estatales.
La nación aguarda con expectación el desenlace de esta crisis gubernamental, mientras la marcha del 23 de abril se perfila como un punto de inflexión en la lucha por una educación pública de calidad.
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