El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha dado un paso atrás en los incrementos previstos para los trámites en los Registros del Automotor, tras las fuertes críticas y la oposición manifestada por diversos sectores de la sociedad. Este cambio de rumbo implica dejar sin efecto dos resoluciones recientemente publicadas en el Boletín Oficial que habían generado un malestar generalizado.
Según lo anunciado por el propio ministro en sus redes sociales, se suspenden los aumentos de hasta un 320 por ciento en los formularios que cobran los Registros de la Propiedad Automotor por cada transferencia de vehículos, tanto nuevos como usados. Estas medidas, que habían sido implementadas en un intento por ajustarse a la inflación y aumentar los ingresos de los encargados de los registros, habían despertado un amplio rechazo.
La decisión del gobierno de dar marcha atrás con estos aumentos se produce en medio de una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia de los Registros del Automotor. El propio presidente había calificado estos aumentos como «un curro» y había prometido intervenir en todos los registros automotores del país.
Incluso, en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno anterior, se contemplaba una disposición relacionada con los Registros, que hasta el momento no ha sido implementada completamente. Este hecho agrega más presión sobre el gobierno para mejorar la gestión y la accesibilidad a los servicios de registro automotor.
La intervención de los registros automotores ya había comenzado, con la intervención de todos los 1557 registros en el país, así como una auditoría de 141 registros ya intervenidos. Esta medida apunta a garantizar la transparencia y la eficacia en los trámites vehiculares, que son fundamentales para la movilidad y el funcionamiento del país.
La reversión de los aumentos en los trámites de Registros del Automotor representa un cambio de rumbo significativo por parte del gobierno, que busca responder a las demandas de la ciudadanía y mejorar la administración de uno de los servicios clave para el funcionamiento del país.
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