En medio de un escenario de profunda discordancia entre discurso y realidad, la figura de Milei, una vez enarbolada como un símbolo de cambio, comienza a desgastarse ante los ojos del público. El ajuste, brutal y doloroso, se disfraza ahora bajo el discurso de un esfuerzo compartido, aunque en la práctica, son las corporaciones y los grandes empresarios quienes se benefician de manera discrecional a través de políticas como el DNU 70/23, permitiendo remarcar precios y beneficiarse de la devaluación.
Esta mutilación del Estado, presentada como una medida para reducir el déficit fiscal, revela una disputa cultural fundamental: la necesidad de demoler lo público en favor del mercado. Sin embargo, este enfoque va más allá de una simple «racionalización» estatal, buscando liquidar su patrimonio y conculcar derechos sociales, culturales y laborales.
El objetivo estratégico de este gobierno ultraderechista no es solo restringir el poder sindical, sino liquidarlo por completo, expulsando a trabajadores y profesionales necesarios para la implementación de políticas públicas esenciales. La consecuencia es una creciente angustia social, reflejada en despidos masivos y un desmantelamiento progresivo de los servicios estatales.
La propuesta de Milei y las corporaciones de liquidar al Estado lleva consigo el riesgo de caos y conflicto social, como evidenciado por la crisis del dengue y el fracaso del mercado para resolver problemas sociales básicos. El intento de imponer una ideología ultraderechista, alineada con la doctrina de Thatcher y los intereses estadounidenses, amenaza con desmantelar cualquier perspectiva de multilateralismo y cooperación internacional.
La demolición del Estado, en lugar de ofrecer soluciones, solo agudiza los problemas sociales y económicos, dejando a la sociedad vulnerable ante los intereses corporativos y el caos potencialmente desencadenado por la falta de regulación estatal.
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