El reciente pronunciamiento del diputado Alberto Benegas Lynch, conocido como «Bertie», ha desatado una ola de indignación y debate en Argentina. En un discurso, el legislador propuso la idea de no enviar a niños y niñas a la escuela, en su lugar, utilizarlos para trabajar. Este comentario ha reabierto una discusión sobre un tema crucial pero subestimado en el país: el trabajo infantil.
La figura del trabajo infantil fue incorporada al Código Penal en 2013, con penas de uno a cuatro años de prisión. Sin embargo, las denuncias son escasas, ya que muchas veces las familias involucradas también son víctimas de la pobreza que los lleva a esta situación desesperada. Entre 2022 y 2023, se abrieron aproximadamente 18 causas penales relacionadas con este delito, con ejemplos alarmantes en sectores como el agropecuario y textil.
La explotación laboral de niños y adolescentes no solo los priva de su derecho a la educación, sino que también los expone a condiciones de trabajo riesgosas y precarias. Ejemplos de esto son los casos de empresas como Noben SRL en Tucumán y La Mednera SRL en San Juan, denunciadas por utilizar trabajo infantil en la recolección de limones y ajo respectivamente.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que se presentan en todas las causas para pedir informes y evitar que las investigaciones se detengan, el avance en la lucha contra el trabajo infantil es limitado.
La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, ha reiterado que el trabajo infantil es un delito, no unas elecciones de libertad como algunos podrían argumentar. Destacó que el derecho a la educación está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y es un deber del Estado garantizarlo.
El llamado es claro: la discusión sobre el trabajo infantil está cerrada. Es hora de actuar de manera contundente para erradicar esta práctica que afecta a millones de niños y niñas en Argentina y vulnera sus derechos fundamentales.
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