Con la consigna «Sin trabajadores no hay Estado, sin Estado no hay derecho», la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sacudió al país con un paro de 24 horas, seguido de una movilización hasta el Ministerio de Economía, en un acto de protesta contra los más de 11.000 despidos registrados en la administración pública nacional. La indignación se desató ante el pronóstico de que esta cifra podría llegar a 70.000 afectados en las próximas semanas, según declaraciones del presidente Javier Milei a AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
El sindicato denunció una falta total de comprensión de la gestión gubernamental y una presunta intención de desmantelar las políticas públicas, lo que tendría un impacto devastador en la población.
La jornada de protesta estuvo marcada por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, particularmente la Policía de la Ciudad y la guardia de infantería de la Policía Federal, quienes intentaron contener la movilización. Sin embargo, los trabajadores lograron avanzar hasta Hipólito Yrigoyen, donde llevaron a cabo su acto de protesta.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó la contundencia del paro a nivel nacional y desafió al gobierno a justificar los despidos, argumentando que hasta el momento no se ha probado la causal de «no prestación de servicios». Aguiar también hizo hincapié en la necesidad de una respuesta unificada por parte de la CGT y la CTA para enfrentar las políticas de ajuste.
Entre los reclamos del sindicato se encuentran la reincorporación inmediata de los cesanteados, el cese de los despidos, la regularización de los vínculos contractuales y el aumento salarial por encima de la inflación, entre otros.
El panorama se tensó aún más con denuncias de represión por parte del gobierno, lo que llevó a líderes sindicales como Aguiar y Hugo «Cachorro» Godoy a reafirmar el compromiso de seguir luchando contra las políticas que afectan a los trabajadores y al pueblo en general.
La movilización de ATE refleja una creciente preocupación por el futuro de miles de familias y el impacto en las políticas públicas esenciales que benefician a la población en áreas como la salud, la educación y el desarrollo social.
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