Durante el primer trimestre del año en curso, las arcas provinciales enfrentan un panorama sombrío marcado por una fuerte caída en la coparticipación y un descenso significativo en las transferencias automáticas. Según datos recabados por el consultor especializado Nadin Argañaraz, las cifras más recientes revelan un escenario desafiante para las finanzas regionales.
El Gobierno nacional ha reducido drásticamente las asignaciones a las provincias, enviando un total de 2.221.000 millones de pesos en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones en marzo pasado, en comparación con los 782.000 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, ajustando estos datos por inflación, se traduce en una preocupante caída real del 28 por ciento, según indica el informe de Argañaraz.
Este deterioro se atribuye en gran medida al bajo desempeño en la recaudación de impuestos clave como el impuesto a las Ganancias, que registra una disminución real interanual del 41 por ciento, y el IVA, con una caída del 18 por ciento en términos reales. Esta situación, sumada al impacto de la recesión en la recaudación, genera un círculo vicioso de ajuste fiscal, contracción económica y disminución en la recaudación impositiva.
En el acumulado hasta marzo, las transferencias automáticas muestran una variación nominal del 201 por ciento en comparación con el año anterior, pero al descontar la inflación, se evidencia una caída real del 19 por ciento. Este escenario se refleja en una pérdida real de 1.805.000 millones de pesos para las provincias en el primer trimestre del año.
El Instituto Argentina de Análisis Fiscal (IARAF) destaca que esta disminución afecta de manera desigual a las distintas jurisdicciones, siendo las menos perjudicadas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y Mendoza, mientras que Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa se encuentran entre las más afectadas.
En este contexto, el Gobierno propone reforzar el impuesto a las Ganancias para las personas físicas, con un modelo de escalas progresivas y alícuotas incrementales que alcanzan hasta el 35 por ciento. Esta medida, si bien busca aumentar la recaudación, también genera preocupación por su impacto en los sectores de asalariados medios y medios-altos, así como en las ya mermadas arcas provinciales.
La combinación de la reducción de recursos fiscales y la persistente recesión económica plantea desafíos significativos para las finanzas provinciales, afectando la capacidad de estimular la actividad económica y el empleo en el ámbito regional.
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