El desmantelamiento del área de Defensa encargada de investigar los crímenes de la dictadura ha generado una profunda preocupación entre jueces, fiscales y querellantes. La decisión anunciada por funcionarios del Ministerio de Defensa, liderados por el radical Luis Petri, implica el cese de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos, creados en 2010 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida conlleva el despido de diez de los trece trabajadores que integraban estos equipos.
Los ERyA, que funcionaban dentro de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, han sido fundamentales en la investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). A lo largo de trece años, estos equipos produjeron más de 170 informes que contribuyeron significativamente a los procesos judiciales, relevando más de 17.000 legajos relacionados con dichos crímenes.
Sin embargo, la decisión de disolver estos equipos ha sido celebrada por defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, quienes ven en esta medida un obstáculo para la verdad y la justicia. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron específicamente enfocados en los equipos de relevamiento y análisis.
La derogación de las resoluciones que rigen el accionar de estos equipos y los despidos de la mayoría de sus integrantes fueron comunicados por el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes, y el asesor legal Jerónimo Pèrés Vieyra. Esta decisión ha generado preocupación entre los actores claves del proceso de verdad y justicia en Argentina.
Fiscales como Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, han instado a Petri a evitar cualquier medida que ponga en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa, invocando un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de los juicios.
La decisión de desmantelar el área también ha sido criticada desde el Congreso nacional, donde figuras como Hugo Yasky y Myriam Bregman han expresado su preocupación. Bregman enfatizó la importancia de dar máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han denunciado esta medida como parte de una política regresiva, impulsada por Petri y sus funcionarios, que obstaculiza el proceso de justicia y la búsqueda de la verdad sobre los crímenes de la dictadura. Esta política también ha sido respaldada por editoriales de medios como La Nación.
En medio de esta controversia, la sociedad argentina enfrenta un desafío crucial en su camino hacia la consolidación de la memoria, la verdad y la justicia respecto a uno de los períodos más oscuros de su historia reciente.
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