En una audiencia pública llevada a cabo este martes, Aysa, la empresa estatal encargada de los servicios de agua y saneamiento en Argentina, presentó una propuesta de aumento tarifario que ha generado gran polémica. La propuesta contempla un incremento del 209 por ciento en las tarifas a partir de abril, así como subas adicionales mensuales a partir de mayo, junto con una revisión tarifaria especial en julio.
Este plan, que busca eliminar prácticamente todos los subsidios, incluye también un drástico recorte del 20 por ciento en el presupuesto destinado a obras de ampliación de redes de agua y cloacas. Según la empresa, estas medidas son necesarias para alcanzar el equilibrio económico financiero hacia finales de 2024, con el objetivo de ahorrar 440 mil millones de pesos este año.
Si la propuesta se implementa, las facturas mensuales de agua se dispararían considerablemente en todas las zonas. Para la zona alta, el costo pasaría de 9962 a 30.784 pesos; para la zona media, de 3263 a 10.082 pesos; y para la zona baja, de 1735 a 5360 pesos.
El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, defendió la necesidad de estos incrementos, argumentando que durante años las tarifas subsidiadas han afectado la sostenibilidad financiera de la empresa y han obstaculizado las inversiones necesarias para mejorar el servicio. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rebatidas por el presidente del ente regulador del servicio, el ERAS, Walter Méndez, quien destacó los avances significativos logrados por Aysa en los últimos años.
Méndez señaló que desde la estatización de la empresa en 2006, se ha llevado a cabo una importante expansión de los servicios, con la adición de más de 500 perforaciones de agua, 11 nuevas plantas depuradoras y numerosas estaciones de bombeo cloacal. Estas obras, afirmó, han posicionado a Aysa como un referente regional en la prestación de servicios sanitarios.
La propuesta de aumento tarifario de Aysa ha generado preocupación entre la población y diversos sectores, quienes cuestionan el impacto que tendría en la economía de las familias argentinas, especialmente en un contexto de crisis económica. La decisión final sobre el incremento recae en el Ministerio de Economía, aunque se espera que la discusión continúe siendo tema de debate en los próximos meses.
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