El Gobierno tiene previsto implementar un nuevo esquema de asignación de subsidios para la luz y el gas, con el objetivo de entrar en vigencia a partir de mayo. Esta propuesta, que será presentada en la audiencia pública del jueves 29 de febrero por la Secretaría de Energía bajo la dirección de Eduardo Rodríguez Chirillo, busca realizar recortes selectivos en la asistencia, afectando a aquellos usuarios que hayan realizado compras de dólares, viajes al exterior o cuenten con cobertura de medicina prepaga.
La nueva segmentación propuesta se basa en criterios detallados recientemente por la Secretaría de Energía. Entre ellos, se destacan la exclusión de subsidios para quienes hayan adquirido moneda extranjera en los últimos tres meses, aquellos que hayan realizado más de una salida a países no limítrofes en los últimos cinco años y los titulares de medicina prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia.
Además, se considerará el gasto en telefonía celular equivalente al 25% de un salario mínimo, que a partir de marzo será de $50.700, así como consumos en tarjetas de crédito o billeteras virtuales que superen cinco salarios mínimos, lo que representará $1.014.000 desde el próximo mes.
Estos criterios se suman a otros ya anunciados, como la posesión de vehículos con antigüedad inferior a 5 años o la tenencia de dos vehículos con menos de 10 años. Asimismo, se tomarán en cuenta aspectos patrimoniales adicionales, como la titularidad de aeronaves, embarcaciones de lujo o con fines recreativos, la propiedad de al menos dos inmuebles, automóviles de lujo o de colección, y la pertenencia al directorio o propiedad de una empresa privada.
La Secretaría de Energía destaca que estos criterios podrían ser aplicados para el rechazo o exclusión del subsidio, buscando limitar la ayuda estatal a quienes presenten ciertos niveles de capacidad económica y patrimonial. La propuesta, de ser aprobada, supondría un nuevo impacto en el bolsillo de los trabajadores, generando debates y opiniones divididas en la sociedad. La audiencia pública será clave para discutir estos cambios y evaluar su aceptación por parte de la población.
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