La Unión Obrera de la Construcción (Uocra), encabezada por Gerardo Martínez, anunció este lunes la declaración del estado de alerta y asamblea permanente en obras públicas y privadas en todo el país. La decisión surge como respuesta a lo que el gremio denuncia como la pérdida de 50 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos debido a las políticas de Obra Pública implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Según la Uocra, la paralización de las obras públicas ordenada por el gobierno y la desaceleración de la inversión han generado un riesgo significativo para la continuidad de proyectos privados en curso, con consecuencias directas en la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
La organización sindical manifestó su preocupación por la ausencia de gestión y representantes válidos del Poder Ejecutivo, quienes, según ellos, se desentienden de los problemas que afectan a la industria de la construcción. Adicionalmente, señalaron la difícil coyuntura económica, la caída generalizada de la actividad y la reticencia del empresariado a acordar una recomposición salarial adecuada ante una inflación persistente.
Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la Uocra, expresó que los trabajadores no cuentan con otras herramientas para afrontar la situación que no sea el aumento de ingresos. En sus declaraciones, Martínez afirmó que en los últimos dos meses se han perdido 50 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos, principalmente debido a la desfinanciación y paralización de obras públicas en ejecución por parte del Gobierno de Milei.
El dirigente sindical sostiene que, hasta el momento, la obra privada no ha logrado compensar la drástica caída en los niveles de actividad y que no hay indicios de que el sector privado pueda suplir el rol y financiamiento estatal en infraestructura pública. Además, criticó la falta de responsabilidad del Gobierno ante las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus medidas, instando a un diálogo social y destacando la importancia de preservar la seguridad jurídica en las inversiones de obras públicas para el desarrollo económico y social en todas las regiones de Argentina.
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