En un reciente decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei anunció la eliminación del Ministerio de Infraestructura, con la consiguiente redistribución de funciones a otros sectores, dejando al gabinete nacional con ocho carteras en total. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de reducción de gastos y reestructuración del Estado.
El decreto, numerado como 194/2024, establece la nueva configuración del Gabinete Nacional, donde Economía adquiere un papel más preponderante al absorber las funciones anteriormente asignadas al Ministerio de Infraestructura. Esta decisión, según fuentes de la Casa Rosada, busca otorgarle mayor poder al ministro de Economía, Luis Caputo.
Guillermo Ferraro, quien ocupaba la cartera de Infraestructura, fue desvinculado previamente, y con este recorte, se busca eficiencia y racionalización de procesos, siendo una medida clave en la gestión de Milei, que desde su llegada al poder ha reducido significativamente el número de ministerios, pasando de 18 a 9, y ahora a 8.
Además de la eliminación del Ministerio de Infraestructura, el decreto también establece el traspaso de la tutela de organismos estatales como Corredores Viales S.A., AySA, y la Administración General de Puertos a la Jefatura de Gabinete. Asimismo, las competencias relacionadas con telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales también se transfieren a esta dependencia.
En el ámbito de la distribución de poder, se destaca el fortalecimiento del ministro Nicolás Posse desde la Jefatura de Gabinete. Además, se realizan cambios en la ubicación de entidades como el Programa Nacional de Protección de Testigos y el Consejo Federal y el Comité de Lucha Contra la Trata, que pasan al Ministerio de Seguridad. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se traslada de Capital Humano a Economía.
Paralelamente, el gobierno anuncia un nuevo recorte de empleados en todo el Estado Nacional, abarcando todas las dependencias públicas centralizadas. Esta medida, que incluirá la no renovación de contratos que vencen en marzo, tiene como objetivo reducir aún más la cantidad de puestos en la administración pública nacional. Desde la llegada de Milei al poder, ya se han eliminado más de 7000 cargos en el Estado, evidenciando la intención de dar un ejemplo de austeridad y ajuste en un contexto donde algunos gobernadores expresan preocupaciones por la reducción de fondos nacionales a las provincias.
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