En una movida que profundiza el enfrentamiento entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT), la administración libertaria liderada por Sturzenegger y Caputo planea implementar una serie de decretos en materia laboral que afectarán directamente a millones de afiliados a obras sociales. El objetivo es desregular y desfinanciar estas entidades, generando un escenario de tensión y preparando el terreno para un posible conflicto con la CGT.
La decisión de avanzar en estas medidas se gestó tras el rechazo al DNU por parte de la central obrera y se oficializará esta semana a través de una serie de decretos que estaban en carpeta desde diciembre como plan B en caso de que el proyecto de ley ómnibus no prosperara. Federico Sturzenegger, ministro sin cartera, expresó la intención de «empobrecer a los que ponen trabas» mediante un plan de ajuste.
En el centro de la polémica se encuentra la desregulación de las obras sociales de los trabajadores del sector privado, una idea que ya estaba contemplada en el mega-DNU y que había sido frenada por la justicia mediante cautelares solicitadas por la CGT. El plan incluye transferir a las obras sociales la totalidad del costo del servicio para los afiliados con discapacidad, actualmente cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución.
José Luis Lingeri, Secretario de Acción Social de la CGT, criticó la medida, calificándola como una «réplica de los años 90». Además, señaló que la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores se implementará vía decreto, eliminando la obligación de permanecer un año en la obra social de origen al cambiar de actividad. También se incorporaría la medicina prepaga de forma voluntaria, con un aporte del 20% al Fondo Solidario de Redistribución.
El recorte de subsidios para afiliados con discapacidad es otro punto de conflicto, con el Gobierno argumentando falta de transparencia en la distribución de fondos. Lingeri destacó que este recorte afectaría gravemente a este sector, que absorbe el 90% del Fondo Solidario de Redistribución.
Ante estas medidas, la CGT no descarta la posibilidad de un nuevo paro general. Héctor Daer, cosecretario general de la central obrera, señaló que el Gobierno está generando las condiciones para una medida de fuerza. Pablo Moyano también advirtió sobre la discusión de un posible paro.
El conflicto podría intensificarse con la convocatoria del Gobierno a gremios docentes y estatales para discutir paritarias, donde se anticipa dificultades para llegar a un acuerdo. Además, se espera que en el corto plazo se implementen recortes en el ámbito cultural y en los denominados «fondos fiduciarios» mediante decretos, alimentando la tensión en distintos sectores de la sociedad.
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