En una reciente resolución del Juzgado Federal de Rosario, la cerealera Díaz y Forti SA fue condenada por evadir casi 700 millones de dólares en divisas provenientes de exportaciones realizadas entre mayo de 2020 y mayo de 2021. La empresa, que operaba las plantas de Vicentin en ese periodo, fue acusada de no liquidar ante el Banco Central dichas divisas, ingresando gran parte de manera ilegal a través del «contado con liquidación».
La investigación reveló que la firma optó por retener los dólares en el exterior o ingresarlos por vías alternativas, obteniendo así un beneficio adicional de casi el 100 por ciento. La condena impuesta no obliga a Díaz y Forti a reponer los dólares evadidos, sino que establece una multa de dos millones de dólares, equivalente a menos del 0,3 por ciento del valor de las operaciones de exportación evadidas.
La empresa, originaria de Puerto Barranqueras, Chaco, experimentó un notable crecimiento en 2020 al firmar un contrato con la concursada Vicentin para utilizar sus instalaciones a cambio de un canon. Sin embargo, esta gloria fue efímera, ya que la práctica de evasión fue detectada por el Banco Central, resultando en la suspensión de su inscripción como exportador y la solicitud de inhibición a la Aduana para autorizar solicitudes de embarque.
La falta de liquidación de divisas se produjo en un momento crucial de la economía argentina, durante el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, cuando se planteaba la renegociación de la deuda externa. La cerealera fue suspendida por el Banco Central y posteriormente detectada por la Justicia de Rosario, que confirmó las irregularidades denunciadas y la comisión del incumplimiento de normas cambiarias.
A pesar de los argumentos de la defensa, que alegó una situación de necesidad durante el año 2020 para justificar la evasión, el juez Vera Barros desestimó la causal de justificación por el estado de necesidad. No obstante, al imponer la multa de dos millones de dólares, el juez consideró factores como la entrada en concurso preventivo de la empresa y la necesidad de evitar una sanción que pusiera en riesgo su continuidad.
Esta decisión ha generado indignación en el sector exportador, que ve la multa como ínfima en comparación con el monto evadido y el daño causado a la reputación del sector. La cerealera, pese a reconocer el incumplimiento de normas cambiarias, intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, argumento que no fue aceptado por el juez.
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