En medio del bullicioso debate parlamentario sobre el gigantesco proyecto de Ley Ómnibus, un aspecto crucial y controvertido ha emergido, pasando desapercibido para muchos. En el corazón de esta normativa multifacética se esconde una reforma al Código Penal que, de ser aprobada, podría cambiar drásticamente el panorama de la justicia y los derechos humanos en el país.
El foco de atención recae en la propuesta modificación al principio de proporcionalidad, un pilar fundamental en la actuación de las fuerzas de seguridad. Actualmente, el Código Penal ampara a los agentes que actúan en cumplimiento de su deber, siempre y cuando demuestren haber utilizado un medio adecuado a la situación. Sin embargo, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo sugiere una interpretación sesgada a favor de los agentes, otorgándoles una suerte de indemnidad en casos de excesos o abusos.
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierte sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de esta reforma. En un país que ha sido testigo de más de 8,000 muertes vinculadas a acciones de fuerzas de seguridad desde 1984, la propuesta amenaza con consagrar la impunidad para cualquier acto de violencia estatal.
La preocupación central radica en la posibilidad de que, de no ser rechazada la reforma, se abran las puertas a una suerte de «gatillo fácil legalizado». Lesiones y muertes derivadas de la acción policial podrían dejar de ser sancionadas, aumentando el número de víctimas de la violencia estatal. En última instancia, el riesgo de legalizar de manera indirecta la pena de muerte, administrada sumaria y extrajudicialmente por cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, se convierte en una amenaza latente.
En un momento en que la sociedad reclama mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales, la aprobación de esta reforma podría representar un retroceso significativo. La proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza, principios respaldados por la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estarían en entredicho.
La decisión que tomen los legisladores frente a esta propuesta no solo definirá el rumbo de la justicia en el país, sino que también marcará un hito en la protección de los derechos humanos y la preservación de la vida en manos de aquellos encargados de velar por la seguridad pública.
Autor
