En una contundente comunicación, tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron su rechazo al protocolo anti-manifestaciones implementado por Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad de Argentina. En el mensaje dirigido al gobierno de Javier Milei, la ONU señaló que tanto el protocolo como el capítulo de Seguridad de la ley Ómnibus no cumplen con los estándares internacionales, advirtiendo sobre posibles restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica.
El pronunciamiento de la ONU surge como respuesta a una denuncia previa presentada por centrales obreras, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, quienes cuestionaron las medidas adoptadas por Bullrich en su segunda gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Entre las decisiones criticadas se encuentran el protocolo anti-manifestaciones, multas a organizaciones sociales y un proyecto de ley que busca criminalizar a quienes participen o organicen protestas.
En la comunicación, los relatores de la ONU, Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), analizaron detalladamente el protocolo implementado por Bullrich, destacando que no cumple con el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en democracia, derechos humanos, respeto a la ley y pluralismo.
Los expertos de la ONU recordaron a Bullrich la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos, enfatizando que las reuniones pacíficas pueden promover ideas polémicas sin constituir violencia. Adicionalmente, advirtieron sobre la posible criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal, y cuestionaron la identificación de manifestantes, organizadores y transportistas, señalando que podría afectar la presunción de inocencia.
La ONU también hizo hincapié en la necesidad de respetar el derecho a la reunión pacífica de niños, adolescentes y migrantes, calificando como discriminatoria la medida que permite dar aviso a Migraciones en caso de que una persona migrante participe en una protesta.
La comunicación de la ONU se suma a la denuncia realizada por la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, destacando la importancia de que el Gobierno y el Congreso revisen las propuestas que, según la ONU, se alejan del marco de los derechos humanos y las libertades democráticas.
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