El Gobierno argentino está considerando la anulación de más de 150.000 planes sociales del programa Potenciar Trabajo, en medio de alegadas irregularidades que habrían sido descubiertas durante una investigación en curso desde el año pasado. La administración de Alberto Fernández, liderada por la fiscalía de Guillermo Marijuan, está detrás de esta iniciativa que, hasta el momento, el ministerio de Capital Humano no ha confirmado ni desmentido.
Según información de una fuente periodística que trascendió ayer, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la salida al exterior de aproximadamente 150.000 beneficiarios, una actividad que se considera incompatible con la asignación del Plan Potenciar Trabajo. Estos datos se habrían obtenido mediante un cruce de información entre los beneficiarios del programa y la Dirección Nacional de Migraciones.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el tema de los viajes al extranjero de los beneficiarios fue objeto de debate. Las organizaciones que representan a los beneficiarios argumentaron que muchos de ellos vivían en zonas fronterizas y que sus salidas al exterior eran casos aislados, relacionados con actividades especiales en las que debían participar.
La reciente suspensión del pago a 4.588 titulares del Potenciar Trabajo el pasado 30 de diciembre en varias provincias, como Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se inscribe en el marco de esta investigación. En ese momento, las bajas se produjeron debido a que los beneficiarios, de manera simultánea, eran empleados de alguna oficina estatal. El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, advirtió que se estaban evaluando alrededor de 160 mil casos de presuntas irregularidades y confirmó la realización de una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo, que superan el millón, con el objetivo de detectar asignaciones sin justificación correcta o cualquier otra anomalía.
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