En una escalada de represión económica a la protesta social en Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), movimientos sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han presentado una denuncia conjunta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia señala las «intenciones del Estado argentino de perseguir, castigar, disciplinar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta» a través de imponentes multas destinadas a cubrir los costosos operativos de seguridad. Estos operativos, según sostiene Bullrich, son responsabilidad de los manifestantes, deslindando así al Estado de su deber de proporcionar seguridad al pueblo.
En días recientes, diversas organizaciones sindicales y gremiales recibieron cartas documentos intimándolos a abonar sumas exorbitantes, alrededor de 60,000 dólares en promedio, por los operativos del 27 de diciembre. Ese día, la CGT, las CTA y los movimientos sociales protestaron en la Plaza Lavalle contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, logrando frenar parcialmente sus efectos en la justicia laboral.
La Ministra Bullrich implementó un protocolo que prohíbe manifestaciones que bloqueen calles, dejando en claro su intención de ajuste y represión. El protocolo, aplicado por primera vez el 20 de diciembre pasado, buscó impedir la marcha anual en recuerdo a las víctimas de la represión policial de 2001. Sin embargo, la marcha se llevó a cabo, desencadenando un conflicto entre las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad.
La resolución 949, publicada dos días después del intento de prohibición, establece un sistema de cobro a organizaciones que ejerzan su derecho a la protesta. Bullrich, en una amalgama de autoritarismo y falta de transparencia, justifica el cobro diciendo que no es «justo ni equitativo» que otros contribuyentes paguen por una «actividad ilícita». El sistema de cobro carece de transparencia, sin mecanismos de control o posibilidad de realizar descargos administrativos, otorgando a las organizaciones solo diez días hábiles para pagar.
La denuncia ante instancias internacionales busca frenar esta represión económica y señala la opacidad del sistema de cobro como un mecanismo intimidatorio. Organizaciones internacionales, incluyendo la ONU y la CIDH, han expresado su preocupación por estas prácticas, recordando que la protesta social es esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe garantizarla.
La movilización convocada para el 24 de enero, liderada por la CGT, las CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, busca rechazar el DNU y la ley ómnibus propuesta por la administración de Javier Milei. En respuesta a las críticas internacionales, Bullrich ha desestimado las denuncias, calificándolas como intentos de la oposición de crear un «clima de inestabilidad política e institucional».
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