En una polémica movida que ha levantado numerosas críticas y preocupaciones, el gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, ha derogado la Ley de Tierras de 2011 mediante el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La decisión ha desatado inquietudes sobre la entrega de recursos naturales estratégicos, como el litio, el agua y el suelo, a intereses extranjeros y corporativos.
La Ley de Tierras derogada establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, con restricciones en zonas ribereñas. Su derogación ha despertado preocupación, especialmente porque habilita la extranjerización de la tierra, facilitando la entrega de recursos naturales argentinos a otros países y poderosas entidades económicas y financieras.
El presidente Milei, en una reciente declaración, mencionó que Elon Musk, CEO de Tesla, se mostró sumamente interesado en el litio argentino. Este mineral, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable, ha experimentado un aumento significativo en las exportaciones argentinas. La derogación de la Ley de Tierras plantea la posibilidad de que importantes recursos como el litio caigan en manos privadas y extranjeras, afectando los intereses estratégicos y económicos del país.
Magdalena Odarda, legisladora provincial de Río Negro, advierte que la derogación de esta ley, que fue resultado de años de lucha de organizaciones agrarias, ambientalistas y sociales, abre la puerta a un proceso de extranjerización que ya se intensificó en la década de 1990.
Otro elemento crucial en este escenario es el agua. La derogación de la ley no solo implica la posible venta de tierras sino también la extranjerización del acceso al agua. Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, destaca que la Ley de Tierras es esencial para salvaguardar los recursos naturales y evitar la apropiación privada del agua.
El caso paradigmático del magnate Joe Lewis, quien bloqueó el acceso al Lago Escondido con respaldo judicial, resalta la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante intereses privados. La derogación de la ley podría intensificar este tipo de situaciones, afectando no solo la soberanía territorial sino también los derechos de comunidades indígenas.
Carlos Cruz, titular de la Asociación de Abogados/as de Buenos Aires, advierte sobre posibles implicaciones geopolíticas y actividades ilícitas si las empresas extranjeras adquieren legalmente territorios ribereños a través de la derogación de la ley. La desregulación podría permitir a estas empresas controlar importantes corredores fluviales con consecuencias que van desde el narcotráfico hasta el contrabando.
La derogación de la Ley de Tierras, según críticos y expertos, plantea serias amenazas a la soberanía nacional, el medio ambiente y los derechos fundamentales. La sociedad y diversas organizaciones se mantienen en alerta ante las posibles consecuencias de esta polémica medida gubernamental.
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