El DNU 70 ha desatado un vendaval de críticas, cuestionando su autoproclamado propósito de modernizar el régimen laboral y generando temores sobre el retroceso en décadas de conquistas laborales en Argentina
En un giro histórico que amenaza con dejar una marca imborrable en los derechos laborales en Argentina, el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 ha desatado una ola de críticas por parte de destacados expertos en el ámbito sindical y legal. Héctor Recalde, ex diputado nacional y renombrado abogado sindical, junto con el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín (UNSaM), han arremetido contra las recientes modificaciones a la legislación laboral, señalando que este paso supone un peligro sin precedentes para los trabajadores.
«Flexibilizar nunca impulsó la creación de empleo», asegura Recalde, subrayando la discrepancia entre el título del DNU, que promete modernizar el régimen laboral para fomentar la generación de empleo genuino, y sus consecuencias reales. El análisis exhaustivo revela que las alteraciones propuestas no son innovadoras ni modernas, sino más bien una repetición de intentos anteriores en 1976, 1991, 1995, 2000 y 2017, ninguno de los cuales ha demostrado impulsar el empleo de calidad.
Entre las críticas más contundentes se encuentra la eliminación del concepto de «ultraactividad» en la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, lo que, según Recalde, debilita significativamente la posición de los trabajadores al iniciar cada nueva negociación desde cero. Además, se destaca la eliminación de horas extras pagadas al permitir la extensión del «banco de horas» a todos los Convenios Colectivos, lo que, según los expertos, empobrece aún más a los trabajadores.
El DNU también ha generado preocupación al facilitar la informalización laboral, al asimilarla de hecho a la formal mediante el abaratamiento de las relaciones laborales no registradas. Las penalizaciones al fraude laboral se reducen, y se amplían las posibilidades para que los empleadores eviten el principio de «in dubio pro operario», que protege al trabajador en caso de indefiniciones legales.
Otro punto de alarma es la sustitución «voluntaria» del esquema indemnizatorio actual por un «fondo de cese», que podría eliminar la protección contra el despido sin causa y socavar la estabilidad laboral mínima que algunos trabajos aún conservan.
Además, el DNU daña la representación sindical al debilitar la posición de los sindicatos en los establecimientos, criminalizar a los huelguistas y limitar las asambleas en el lugar de trabajo. La modificación de la Ley sobre Servicios Esenciales, al imponer guardias mínimas y limitar el derecho a huelga en diversas actividades, ha generado preocupaciones adicionales sobre la libertad sindical y el derecho a la protesta.
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