La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llevó a cabo el operativo este miércoles en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementando medidas controvertidas del protocolo «antipiquete». La revisión de colectivos y el control policial fueron parte de una estrategia que ha generado críticas y comparaciones con épocas oscuras.
En los principales accesos a la CABA, la policía detiene colectivos y realiza exhaustivas inspecciones en busca de banderas o identificaciones que puedan sugerir participación en la marcha convocada para la tarde en Plaza de Mayo. Lo llamativo, según testimonios compartidos en redes sociales, es que los procedimientos son registrados en video por los agentes y transmitidos en directo al centro de vigilancia supervisado por la propia ministra Bullrich.
Este despliegue, que algunos comparan con prácticas de la dictadura cívico-militar, no solo implica la amenaza de fuerza policial contra los manifestantes, sino también la suspensión de planes sociales para aquellos que participen en cortes de calles.
Las redes sociales se inundaron de videos que muestran el accionar de las fuerzas de seguridad, generando críticas y debates sobre el uso del protocolo «antipiquete». Usuarios expresaron su preocupación y señalaron similitudes con épocas de represión pasada.
El Ministerio de Seguridad respondió compartiendo un video que destaca el despliegue de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos, incluyendo efectivos, cámaras de vigilancia, perros, y un mensaje amenazante en las pantallas de las estaciones, recordando las consecuencias para quienes participen en cortes.
Los puntos clave del protocolo de Bullrich incluyen la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad frente a cortes de tránsito o medios de transporte, sin necesidad de orden judicial. La acción busca despejar los accesos y identificar a los responsables de los cortes, con el uso de la mínima fuerza necesaria. Además, se crearía un registro de organizaciones participantes, con posibilidad de demandas judiciales por los costos de los operativos desplegados.
El operativo de Bullrich por la marcha del 20 de diciembre no solo ha generado un impacto visual, sino que también ha avivado el debate sobre el derecho a la protesta y los límites de la intervención estatal en manifestaciones sociales.
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