En una decisión que marca un claro distanciamiento con la política de seguridad nacional, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció hoy que la jurisdicción no implementará el controvertido protocolo antiprotestas propuesto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La declaración de Bianco llega en vísperas de la primera gran manifestación bajo la gestión de Javier Milei, programada para conmemorar los eventos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001. El ministro bonaerense destacó que, a pesar de los contactos institucionales y operativos entre su cartera y el Ministerio de Seguridad nacional, no se ha recibido ninguna solicitud para aplicar el mencionado protocolo.
En una entrevista con Radio La Red, Carlos Bianco expresó su desacuerdo con las disposiciones del protocolo, argumentando que «criminaliza en cierto sentido la protesta». Afirmó que, si bien las manifestaciones deben llevarse a cabo con cierto orden, las medidas propuestas por el gobierno nacional superan los límites establecidos durante los años de democracia.
Bianco también manifestó preocupación por aspectos específicos del protocolo, como el uso del reconocimiento facial, señalando la necesidad de validar su conformidad con la normativa legal vigente. «Son cosas que habrá que analizar», sostuvo el funcionario de Axel Kicillof.
El ministro de Gobierno bonaerense se pronunció en contra de la polémica propuesta de quitar planes sociales a los manifestantes, calificándola como una medida persecutoria. En lugar de eso, abogó por garantizar que los programas vinculados al trabajo y diversas actividades laborales se paguen siempre y cuando los beneficiarios cumplan con sus obligaciones. Bianco enfatizó que la posición de la provincia es trabajar en conjunto con los municipios y las cooperativas para asegurar que los programas sociales reciban los fondos correspondientes.
La decisión de la provincia de Buenos Aires de no adherirse al protocolo de Bullrich marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales en materia de seguridad y derechos civiles.
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