En una medida sin precedentes, el Gobierno liderado por el presidente Javier Milei ha declarado la emergencia en el sector energético, desencadenando la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta decisión, plasmada en el DNU-2023-55, busca abordar de manera urgente la crisis en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de transporte y distribución de gas natural a nivel federal.
La polémica medida, respaldada por el ministro de Economía, Luis Caputo, surge en el contexto de la reducción de subsidios y tiene como objetivo central revisar los precios de las prestadoras del servicio. En palabras del presidente Milei, «Declárase la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».
El mandato también instruye a la Secretaría de Energía a implementar un programa de acciones «necesarias e indispensables» con el fin de establecer mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso. Esta iniciativa busca asegurar que los cuadros tarifarios reflejen condiciones equitativas y competitivas en el mercado energético.
La revisión tarifaria, conforme al artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076, se aplicará a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. La entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, durante el proceso de revisión, se podrán aprobar «adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos».
La decisión de Milei ha generado fuertes reacciones en diversos sectores, ya que la intervención en organismos clave del sector energético marca un cambio drástico en la dirección de la política energética del país. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para garantizar la viabilidad económica y competitiva, otros expresan preocupación por las posibles consecuencias a corto y largo plazo.
La intervención y revisión en curso plantean incertidumbres y expectativas en un escenario donde la energía se presenta como un recurso estratégico y esencial para el desarrollo del país. La emergencia declarada por el Gobierno de Milei deja abierta la puerta a un debate intenso sobre el futuro del sector energético en Argentina.
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