Naciones Unidas expresa profunda inquietud por medidas que criminalizan la protesta pacífica
En un contundente mensaje, el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, levanta la voz contra la controvertida iniciativa del gobierno argentino encabezado por Javier Milei. La propuesta, que pretende regular la protesta social, ha desencadenado una ola de críticas internacionales por su posible impacto en las libertades fundamentales.
«Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», advirtió Voule, dejando en claro su rechazo a una medida que podría cercenar derechos consagrados en la Constitución argentina.
Las Naciones Unidas expresan su inquietud ante la disposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conocida como el «protocolo antipiquetes». Voule subrayó la importancia de garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica, indicando que sigue de cerca la situación en Argentina.
Este pronunciamiento internacional se suma a otras críticas notables. Jon Favreau, redactor en jefe de los discursos de Barack Obama, no dudó en catalogar al gobierno de Milei como un «dictador en su primera semana». Además, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se pronunció en contra de la política represiva, argumentando que desconoce principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
En un comunicado, el CNPT afirmó que el protocolo no solo interpreta de manera cuestionable el artículo 14 de la Constitución Nacional sino que también avanza sobre facultades del Poder Legislativo y Judicial. La autorización para detener personas sin orden judicial previa y la intervención de fuerzas federales en territorios provinciales son señaladas como medidas que desnaturalizan los límites establecidos por la Ley de Seguridad Interior.
Ante este escenario, la atención internacional se centra en la respuesta del gobierno argentino y en la defensa de los derechos fundamentales en un momento en que la comunidad internacional observa con detenimiento.
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