En una polémica decisión que ha desatado fuertes críticas y denuncias, Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, ha puesto en marcha un protocolo que, según sindicatos y organizaciones de derechos humanos, atenta contra la libertad de expresión y la libertad sindical en Argentina.
La implementación de este protocolo, publicado en el Boletín Oficial, ha llevado a diversas organizaciones a preparar presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que consideran un intento de prohibir la protesta en el país. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as (CSA), que representan a 180 millones de trabajadores, también repudiaron la medida y llamaron a la comunidad internacional a unirse en la condena.
Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierte que, con la puesta en vigencia del protocolo, «la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito». La CGT y la CTA de los Trabajadores expresaron su repudio, alertando que la medida no solo afecta la libertad de expresión sino también la libertad sindical.
Según el protocolo, cualquier corte es considerado un delito en flagrancia que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad, y los manifestantes pueden ser denunciados, incluso perdiendo las organizaciones su personería. Además, se estigmatiza a padres que participen en manifestaciones con sus hijos, y el Ministerio de Seguridad está autorizado a confeccionar un registro de organizaciones que suelen manifestarse, violando la Ley de Inteligencia.
El protocolo será puesto a prueba el próximo 20 de diciembre, fecha en la que se conmemoran 22 años de la represión que marcó el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Diversas organizaciones ya están preparando manifestaciones para ese día, mientras que la CGT y la CTA-T han reiterado su rechazo a la medida.
En una reunión de más de 100 organizaciones, se acordó avanzar con dos consignas: rechazo al plan de ajuste de Milei y al FMI, y oposición al protocolo represivo de Bullrich. El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad convocó a una audiencia pública en el Congreso para repudiar el protocolo y las amenazas recibidas por legisladores de la oposición.
Ante la situación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales solicitaron una reunión con Bullrich para revisar el protocolo. Organizaciones como la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional también han señalado irregularidades en la resolución.
La polémica medida de Bullrich ha generado una ola de críticas, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, consolidando la preocupación por posibles violaciones a los derechos fundamentales en Argentina. La sociedad espera con atención cómo evoluciona esta controversia que involucra la esencia misma de la democracia y la libertad.
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