El Presupuesto Nacional podría habilitar otro aumento en las boletas de la luz.
El presupuesto con media sanción propone una revisión tarifaria integral en 90 días para que las distribuidoras puedan pagar una deuda millonaria por la energía que compran.
Cuando todavía un gran número de especialistas en el tema dudan de que «estén dadas las condiciones políticas» para digerir políticamente el impacto que tendrá el tarifazo energético en los próximos meses, el presupuesto nacional que ya tiene media sanción en Diputados habla de nuevos aumentos que, en la letra chica del texto, deberían resolverse en los próximos 90 días. Nadie, ni en el sector privado ni en los despachos públicos, arriesga un porcentaje sobre el eventual nuevo ajuste. Pero coinciden en que la convocatoria a debatir, en este momento, una «revisión tarifaria integral» con las distribuidoras eléctricas tiene muchas más chances de provocar un nuevo cortocircuito con las prestadoras de ese servicio, que de arrimar una solución a un conflicto de largo tiempo.
Desde hace ya varios años, los contratos de concesión de la distribución eléctrica entre el Estado nacional y las empresas Edenor y Edesur (las únicas dos del país que quedaron en jurisdicción nacional) vienen adoleciendo de un amplio abanico de incumplimientos. Del lado de las empresas privadas, no se cumple con los compromisos de inversión para mejorar el servicio. Las distribuidoras, a su vez, se justifican en que no reciben la retribución tarifaria actualizada, salvo el megatarifazo que disparó Mauricio Macri en 2018. Pero, en contrapartida, tanto el gobierno de Cambiemos como el actual relajaron las exigencias de cobro de la energía que Cammesa (empresa pública privada administradora del mercado mayorista eléctrico) le vende a Edenor y a Edesur, acumulando una millonaria deuda con aquélla.
Es decir, Cammesa «financia» a las distribuidoras entregando la energía sin cobrarle, y el Estado «sostiene» con fondos públicos a Cammesa para que el sistema siga funcionando. El ministerio de Economía, aparentemente sin consulta con los sectores involucrados, incorporó al presupuesto nacional una formulación para «cortar» con esta distorsión y devolverle a Cammesa la capacidad de cobrar la energía que vende. Se realizaría lamando a una «revisión tarifaria integral» en favor de las distribuidoras (las dos del AMBA y todas las de jurisdicciones provinciales) para que cobren una tarifa mayor y empiecen a pagar la energía que compran. Y, además, puedan empezar a pagar una deuda que, globalmente, ronda los 500 mil millones de pesos. Revisión tarifaria a la que, además, le pone un «plazo de 90 días».
Por ahora, la única convocatoria vigente es la del ENRE para el 30 de noviembre, a audiencia pública para tratar la tarifa de transporte eléctrico. La incidencia sobre las tarifas del usuario de lo que allí se resuelva será menor, un aumento del 3,5% del cargo variable como máximo. El tema de la distribución es de una magnitud diferente.
