Después de las primeras avalanchas de acciones intimidatorias, la funcionaria de Educación porteña lanzada a la campaña electoral 2023, impulsó otro conjunto de denuncias penales y civiles. La respuesta fue un duro repudio de centros de estudiantes y gremios docentes.
Exige 50 millones de pesos es lo que exige la ministra y pre candidata a jefe de gobierno Soledad Acuña, que los padres y madres cuyos hijos participaron de tomas de escuelas. Luego de una primera oleada de acciones intimidatorias, que involucraron a la Policía de la Ciudad yendo a notificar a las familias por la noche, la ministra redobló su cruzada contra las tomas de colegios con otra tanda de denuncias penales y civiles, en este caso, fueron 366 los padres que el gobierno denunció, según lo informado por el Gobierno porteño. La decisión fue cuestionada por los centros de estudiantes y los gremios docentes.
Ni los días que se pierden por la existencia de ratas en escuela, ni los que se van acumulando por la falta de docentes suplentes parecen generar la misma energía que las tomas. Casi como un anuncio de campaña, la funcionaria salió a informar la cantidad de familias denunciadas penalmente y la cuenta que hacen de cuánto le deben al Estado por haber tomado los colegios. «Cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas, en tal sentido la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables«, indicó el ministerio que conduce Acuña, que omite mencionar la tipificación que eligieron: no existe un delito de tomas de colegios, por eso debieron adaptar otras figuras de forma creativa para iniciar acciones penales contra las familias.
«Además, el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas. En este sentido, ya están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a 50.538.442,85 pesos», detallaron desde el ministerio, donde hicieron caso omiso a que en muchas de las tomas los y las docentes apoyaron y hasta se dictaron clases. No se pudo hacer, por ejemplo, en el Mariano Acosta porque el ministerio implementó un lockout a los otros niveles (primaria, inicial) y hasta mandó una persona a dañar el panel eléctrico para que no hubiera luz.
El cálculo de costos ya había sido problemático en un primer momento cuando, tomando los números que difundía el Gobierno porteño, el legislador Juan Valdes advirtió que era más lo que pedían por día que lo que gastan diariamente en infraestructura escolar.
Luego, avanzaron con otro anuncio: que iban a tener que recuperar los días de clase perdidos en diciembre.
«Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, aseguró Acuña, mientras repartía denuncias penales. «Vamos a seguir dialogando con los estudiantes como lo hicimos durante todos estos años de gestión», afirmó, en abierta contradicción con lo que denuncian los y las estudiantes: que no los recibe ni los escucha.
«Vamos a seguir siendo firmes respecto a los límites que supone la convivencia democrática; los espacios de diálogo están abiertos, pero siempre que las escuelas estén abiertas», indicó Acuña, quien sigue en campaña para ser la reemplazante de Larreta. La práctica de usar la educación como tema de campaña ya viene de largo (por lo menos, de 2020) y Acuña no pierde oportunidad para endurecer su perfil en busca de los votantes del núcleo duro del PRO, en una difícil contienda que tiene con otros postulantes, entre ellos, Jorge Macri y Martín Lousteau.
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