Seguridad: nuevo despliegue de la UTOI en Florencio Varela

La política de seguridad bonaerense sumó este miércoles un nuevo punto de despliegue territorial en Florencio Varela. El gobernador Axel Kicillof inauguró una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), acompañada por la incorporación de siete móviles policiales destinados a fortalecer el patrullaje preventivo.

La actividad se realizó junto al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente local Andrés Watson. La nueva dependencia se encuentra en el área céntrica del distrito y tendrá bajo su órbita un cuerpo de 120 efectivos especialmente capacitados.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo del nuevo dispositivo es mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de inseguridad, mediante recorridas dinámicas y presencia permanente en distintos sectores del municipio. Los efectivos recibieron formación específica durante un período de dos años para desempeñarse en este tipo de intervenciones.

Los siete patrulleros incorporados fueron adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y comenzaron a integrarse al esquema de recorridos diseñado para el distrito. La Municipalidad de Florencio Varela señaló que el despliegue se coordinará con las restantes divisiones policiales y con la utilización del mapa del delito para determinar sectores prioritarios.

Durante el acto, Kicillof puso el acento en la necesidad de ampliar la presencia policial antes de que se produzcan los delitos y defendió el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios. También cuestionó la situación de los fondos destinados a seguridad y sostuvo que la administración bonaerense continúa destinando recursos propios a infraestructura, equipamiento y móviles.

La jornada forma parte del despliegue que la Provincia viene realizando con nuevas bases de la UTOI en distintos municipios del conurbano. En julio, por ejemplo, se había inaugurado otra dependencia de esta fuerza en Lomas de Zamora, también como parte de la estrategia de ampliar la presencia territorial.

En Florencio Varela, el nuevo esquema comenzó a operar inmediatamente después de la presentación oficial. La intención de las autoridades es que la UTOI funcione como una fuerza complementaria para las tareas de prevención, con capacidad de intervención rápida y coordinación con las demás unidades que actúan en el distrito.

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Lanús avanzó en la implementación local del programa provincial Entramados, una iniciativa orientada a prevenir situaciones de conflicto con la ley penal y evitar la consolidación de trayectorias delictivas entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La nueva Mesa Multiagencial Local quedó conformada durante un encuentro realizado en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal. La actividad fue encabezada por la jefa de Gabinete de Lanús, Nadia Burgos, y contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Lisandro Pellegrini, además de funcionarios municipales, integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El espacio buscará concentrar y coordinar las intervenciones de distintas áreas para abordar la problemática desde una perspectiva integral. La propuesta contempla la articulación entre el Municipio, la Provincia, organismos judiciales, instituciones comunitarias y otros actores vinculados con la atención de jóvenes.

Una estrategia que combina prevención y acompañamiento

La puesta en funcionamiento de la Mesa se produce luego de una etapa de diagnóstico y elaboración de una línea de base sobre la situación del distrito. Con esa información se estableció una hoja de ruta para comenzar la fase operativa del programa en Lanús.

Entre las herramientas previstas se encuentran el acompañamiento social, la atención sanitaria, la terminalidad educativa y la capacitación para el trabajo, con el propósito de generar alternativas de inclusión y fortalecer las redes de contención para los jóvenes y sus familias.

El programa Entramados fue creado por la Provincia en abril de 2025 y propone un modelo de intervención basado en la coordinación entre las distintas áreas del Estado y las organizaciones de cada comunidad. Las mesas locales reúnen, entre otros sectores, a representantes de Seguridad, Desarrollo Social, Salud, Educación, Justicia y organizaciones de la sociedad civil.

Lanús formaba parte del grupo de municipios que, a mediados de 2026, todavía se encontraba en la etapa de diagnóstico del programa. Con la conformación de esta mesa, el distrito comenzó ahora la implementación de las acciones definidas a partir de ese relevamiento.

La iniciativa apunta así a que la prevención del delito juvenil no quede limitada a la intervención de las fuerzas de seguridad, sino que incorpore también políticas vinculadas con educación, salud, inclusión social y formación laboral, mediante una estrategia coordinada entre los diferentes actores del territorio.

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La seguridad volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Municipio de Florencio Varela. En ese marco, el intendente Andrés Watson realizó una recorrida por la sede del Comando de Patrullas situada sobre la calle Yugoslavia, entre 604 y 608, en el sector de Santa Rosa Rural, donde supervisó el funcionamiento operativo de la dependencia y el esquema de vigilancia desplegado en el partido.

La visita se concretó el miércoles 19 de agosto y tuvo como eje el seguimiento de las tareas de prevención, la disponibilidad de los recursos utilizados por los agentes y la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran intervención policial.

Un dispositivo con 464 policías y 55 móviles

Durante la recorrida, Watson puso el foco en la estructura destinada al patrullaje preventivo en las distintas cuadrículas de Florencio Varela. De acuerdo con la información oficial, actualmente el Comando de Patrullas dispone de 464 efectivos y 55 vehículos para desarrollar tareas de vigilancia territorial.

Los móviles fueron incorporados mediante recursos provenientes de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la presencia policial en las calles y sostener recorridas permanentes por diferentes sectores del distrito.

La distribución por cuadrículas apunta a mantener una cobertura territorial continua y favorecer una intervención más rápida ante emergencias o posibles hechos delictivos.

Mantenimiento y logística, otro de los puntos analizados

Además del despliegue de personal y patrulleros, durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento cotidiano de la base.

El comisario Hugo Aguilar, responsable de la dependencia, destacó el intercambio mantenido con el jefe comunal y el trabajo articulado con el Municipio para atender las necesidades operativas. Entre las tareas de apoyo mencionadas aparecen el mantenimiento del establecimiento, el abastecimiento de combustible y las reparaciones de las camionetas utilizadas para el patrullaje.

La disponibilidad de los móviles constituye un aspecto clave para sostener el esquema preventivo, especialmente en un distrito extenso que incluye áreas urbanas, periurbanas y rurales.

El objetivo: reducir los tiempos de respuesta

Uno de los principales objetivos planteados durante la supervisión fue mejorar la capacidad de reacción frente a llamados de emergencia y situaciones que demanden la presencia de las fuerzas de seguridad.

La coordinación entre el Municipio y los organismos policiales busca que los recursos disponibles puedan mantenerse operativos y que las unidades sean desplegadas de manera eficiente en las diferentes zonas del partido.

La recorrida de Watson se inscribe, además, en una serie de actividades recientes vinculadas con el seguimiento de los distintos dispositivos de seguridad que funcionan en Florencio Varela. El gobierno local informó durante agosto sobre recorridas por otras dependencias y herramientas de prevención, entre ellas la Unidad de Policía de Prevención Local y el Grupo de Prevención Motorizada.

En ese sentido, la administración municipal viene planteando la articulación entre las fuerzas policiales y las herramientas locales como una estrategia para ampliar la cobertura preventiva y reforzar la respuesta en los barrios.

La supervisión del Comando de Patrullas se produjo, además, en un contexto de especial sensibilidad en materia de seguridad en Florencio Varela, donde durante los últimos días el Municipio comunicó el refuerzo de operativos y la continuidad del trabajo conjunto con las fuerzas provinciales.

Con 464 efectivos y 55 patrulleros afectados al esquema, el desafío planteado por las autoridades es sostener una presencia activa en las calles, garantizar el funcionamiento de los recursos y acortar los tiempos de intervención ante las situaciones que puedan presentarse en el territorio.

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Por Miguel Saredi

En la Argentina se habla cada vez más de seguridad, de defensa nacional y de la necesidad de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. Sin embargo, existe una contradicción que no puede seguir siendo ignorada: mientras el discurso oficial reivindica permanentemente el rol de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los argentinos, la realidad económica de muchos de esos hombres y mujeres muestra una situación profundamente preocupante.

Los datos son contundentes.

El Ejército registra un 29,3% de morosidad entre su personal, seguido por el Servicio Penitenciario con el 28,1%, la Policía Federal con el 23,8% y la Gendarmería con el 23,6%.

También aparecen la Prefectura Naval con el 21,5%, la Fuerza Aérea con el 21,2% y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con el 20,6%.

El gráfico difundido muestra además un promedio de morosidad del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cercano al 25%, por encima del promedio señalado para el conjunto del Estado nacional.

No estamos hablando solamente de números.

Detrás de cada porcentaje hay un hombre o una mujer que trabaja para el Estado, que cumple horarios, que asume responsabilidades y que, en muchos casos, arriesga su propia vida para proteger a los demás.

Hay efectivos que patrullan nuestras calles, custodios que trabajan en establecimientos penitenciarios, integrantes de Gendarmería que cumplen funciones en nuestras fronteras, miembros de Prefectura que protegen nuestros ríos y mares y hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que tienen responsabilidades estratégicas para la defensa nacional.

¿Puede un país hablar seriamente de seguridad y defensa si quienes tienen la responsabilidad de garantizarlas tienen dificultades para llegar a fin de mes?

Creo que no.

El Gobierno puede anunciar operativos, nuevos despliegues, reformas, equipamiento o políticas de seguridad. Todo eso puede ser necesario. Pero existe una cuestión básica que no puede quedar relegada: quienes cuidan a los argentinos también tienen que ser cuidados por el Estado.

Y cuidar también significa garantizar salarios dignos.

El endeudamiento de una familia no aparece de un día para otro. Es la consecuencia de ingresos que no alcanzan frente al aumento del costo de vida, de la pérdida del poder adquisitivo y de la necesidad de recurrir permanentemente al crédito para cubrir gastos básicos.

Cuando esa realidad alcanza a una proporción significativa del personal de las fuerzas, deja de ser un problema individual. Se convierte en un problema institucional y, fundamentalmente, en un problema de política pública.

Existe un evidente doble discurso cuando se reivindica públicamente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero al mismo tiempo no se les brinda una respuesta acorde con la responsabilidad que se les exige.

No alcanza con decir que las fuerzas son importantes.

Hay que demostrarlo con hechos.

Eso significa salarios dignos, capacitación, equipamiento, condiciones laborales adecuadas y una política integral que contemple también a las familias de quienes cumplen estas funciones.

La seguridad no comienza solamente cuando un efectivo sale a patrullar. La seguridad también comienza cuando ese trabajador sabe que puede sostener a su familia, pagar sus obligaciones y proyectar su futuro sin quedar atrapado en una espiral permanente de endeudamiento.

Lo mismo ocurre con la defensa nacional. Una Nación que pretende recuperar capacidades estratégicas debe comprender que el recurso humano es uno de sus principales activos.

Por eso, los porcentajes difundidos deberían generar preocupación en todos los sectores políticos.

29,3% de morosidad en el Ejército. 28,1% en el Servicio Penitenciario. 23,8% en la Policía Federal. 23,6% en Gendarmería.

No son simplemente cifras.

Son trabajadores argentinos que necesitan respuestas.

La Argentina necesita una política de seguridad seria, profesional y sostenida en el tiempo. Y también necesita una política de defensa nacional que esté a la altura de los desafíos del país.

Pero ninguna de las dos puede construirse sobre trabajadores empobrecidos.

Defender a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad también significa defender su dignidad, sus salarios y el bienestar de sus familias.

Porque si realmente queremos una Argentina más segura, primero tenemos que reconocer y valorar a quienes todos los días tienen la responsabilidad de hacerla posible.

No hay seguridad ni defensa nacional con salarios de pobreza.

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La conducción de la Justicia bonaerense volvió a poner el foco en el trabajo territorial y en el contacto directo con las estructuras judiciales departamentales. En esta oportunidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Gabriel Torres, desarrolló una jornada de actividades en el Departamento Judicial La Matanza.

Uno de los principales ejes de la visita fue la reunión mantenida con jueces y magistrados de las diferentes instancias. Participaron representantes de las Cámaras de Apelación y de organismos de primera instancia pertenecientes a los distintos fueros que funcionan en la departamental.

El encuentro estuvo orientado al análisis de cuestiones vinculadas con la gestión y el funcionamiento de los tribunales. La intención de este tipo de reuniones es generar un ámbito institucional en el que quienes trabajan diariamente en los organismos puedan plantear necesidades, dificultades y prioridades directamente ante las autoridades superiores del Poder Judicial.

La experiencia de la Suprema Corte en La Matanza incluye antecedentes de mesas de trabajo destinadas precisamente a ese intercambio. En una visita anterior, el entonces presidente Sergio Torres había reunido a magistrados de Cámara y primera instancia y posteriormente mantuvo encuentros separados con la Asociación Judicial Bonaerense, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios.

En la jornada actual, el contacto institucional se amplió nuevamente a esos diferentes sectores. El titular del máximo tribunal bonaerense mantuvo reuniones con representantes de la AJB, del Colegio de Abogados local y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios departamental.

La participación de las entidades permite incorporar al análisis perspectivas diferentes sobre el funcionamiento del sistema. Mientras magistrados y funcionarios aportan su experiencia sobre la actividad jurisdiccional, los abogados pueden transmitir las dificultades vinculadas con el ejercicio profesional y los trabajadores judiciales acercan las cuestiones relacionadas con las condiciones y organización laboral.

El diálogo con la AJB adquiere además relevancia dentro de la agenda general de la Suprema Corte. Durante 2026, el Tribunal impulsó una mesa de trabajo destinada a analizar la carrera administrativa del personal judicial, con participación de funcionarios y representantes de la organización gremial. También se registró una reunión entre Torres y autoridades de la AJB para tratar planes y propuestas vinculados con el personal y la carrera judicial.

La actividad desarrollada en La Matanza se produce, además, durante la actual presidencia de Torres. El magistrado asumió nuevamente la conducción de la Suprema Corte el 19 de abril de 2026, en el marco del esquema de rotación anual previsto por la normativa provincial. Ya había ejercido ese cargo durante el período 2023-2024.

La departamental La Matanza ocupa un lugar significativo dentro de la estructura judicial provincial. En 2025, la Suprema Corte informó la incorporación de nuevos magistrados para diferentes fueros locales, entre ellos Trabajo, Garantías, Criminal, Civil y Comercial y Familia.

El recorrido de Torres, por lo tanto, se inscribe en una política de presencia institucional en las distintas departamentales, con reuniones destinadas a conocer las particularidades de cada territorio. La agenda busca combinar la mirada de la conducción del máximo tribunal con la experiencia de quienes participan cotidianamente en la administración de justicia.

Con este tipo de encuentros, la Suprema Corte procura fortalecer los canales de comunicación con los distintos actores del sistema judicial y contar con información directa para definir prioridades de gestión, atender necesidades específicas y acompañar el funcionamiento de los organismos que integran el Poder Judicial bonaerense.

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La problemática de la inseguridad volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública de Mar del Plata, una ciudad que en las últimas semanas fue escenario de distintos reclamos vecinales exigiendo mayores respuestas frente al delito. En ese contexto, el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, realizó un fuerte llamado a mejorar la coordinación entre el Gobierno provincial y el Municipio para optimizar la utilización de los recursos destinados a la prevención.

Durante una entrevista en el programa «Ecos del Día», el funcionario sostuvo que la administración bonaerense transfirió más de 3.000 millones de pesos para fortalecer el sistema de seguridad de General Pueyrredon. Según explicó, esos fondos fueron asignados con un destino específico: incrementar la capacidad operativa mediante la compra de patrulleros, la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia y la instalación de lectores de patentes, herramientas consideradas fundamentales para mejorar las tareas preventivas y de investigación.

Aparicio expresó su preocupación por la ejecución de esos recursos y señaló que durante 2025 solo se habría concretado la adquisición de aproximadamente la mitad de los patrulleros previstos originalmente. En ese sentido, remarcó que resulta indispensable acelerar la implementación de las inversiones para que los vecinos puedan percibir mejoras concretas en materia de seguridad.

El funcionario también consideró que el combate contra el delito requiere una estrategia integral y coordinada entre todos los niveles del Estado. En ese marco, reclamó la elaboración de un plan conjunto entre la Provincia y el Municipio que permita definir prioridades, optimizar la distribución de los recursos y fortalecer las políticas preventivas.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación social por los hechos de inseguridad registrados en Mar del Plata, situación que motivó diversas manifestaciones y pedidos de mayor presencia policial por parte de vecinos y organizaciones de la ciudad.

La Provincia de Buenos Aires había anunciado oportunamente el envío de más de 3.077 millones de pesos a General Pueyrredon mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, destinado principalmente a la compra de patrulleros y al fortalecimiento del sistema de monitoreo urbano. El programa establece que una parte importante de esos recursos debe invertirse en móviles policiales, mientras que el resto puede utilizarse para ampliar y modernizar la infraestructura tecnológica vinculada a la prevención del delito.

En los últimos meses, además, distintos sectores políticos plantearon cuestionamientos sobre los tiempos de ejecución de esos fondos y reclamaron acelerar la incorporación de nuevos patrulleros para reforzar la presencia policial en las calles.

Mientras continúa el debate sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los marplatenses, quienes reclaman respuestas concretas para reducir los índices delictivos y mejorar la prevención en los distintos barrios de la ciudad.

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La problemática de la inseguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ocupar el centro del debate público. Durante una entrevista con Ignacio González Prieto en el programa Testigos, por Radio Splendid, Miguel Saredi analizó el crecimiento de la violencia delictiva y planteó la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que combine prevención, coordinación institucional y políticas sociales.

Saredi señaló que la inseguridad actual no puede entenderse sin considerar el avance del narcotráfico, el consumo problemático de drogas, el alcoholismo, la proliferación de armas y la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado.

«La coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas de la Ciudad y las fuerzas provinciales es un tema capital», afirmó. En ese sentido, aclaró que su planteo no responde a una mirada partidaria sino a la necesidad de construir políticas públicas conjuntas. «No se trata de echar culpas, sino de entender que la seguridad requiere una acción coordinada y urgente», sostuvo.

El rol de los municipios

Durante la entrevista, Saredi explicó que, si bien la seguridad constituye una responsabilidad primaria de las provincias y, en determinados delitos, de la Nación, desde la década de 1990 los municipios comenzaron a asumir un papel cada vez más activo debido al reclamo directo de los vecinos.

«Los ciudadanos empezaron a pedirles respuestas a sus intendentes, y los municipios comenzaron a destinar parte de sus presupuestos a políticas de seguridad», explicó.

En ese marco recordó que muchas comunas invirtieron recursos propios en cámaras de video vigilancia, centros de monitoreo, patrullas municipales, tótems de seguridad, paradas seguras y guardias urbanas, aun cuando esas funciones excedían sus competencias legales.

«Se avanzó muchísimo en las llamadas políticas situacionales y ambientales», destacó.

«No hay que confundir prevención social con garantismo»

Uno de los ejes centrales de la conversación giró en torno a las políticas de prevención social del delito.

Saredi consideró que, en los últimos años, gran parte del debate público confundió el concepto de garantismo con la prevención social, cuando en realidad se trata de herramientas completamente distintas.

«La prevención social del crimen busca evitar que las personas lleguen al delito. Trabaja sobre las causas estructurales de la violencia y eso no tiene nada que ver con el garantismo», afirmó.

En ese sentido sostuvo que resulta indispensable fortalecer las políticas educativas, el acceso al trabajo, la asistencia a niños y adolescentes, el acompañamiento de las familias vulnerables y la presencia del Estado en los barrios.

«Sin educación, sin oportunidades laborales, sin clubes, escuelas, capillas y programas destinados a los sectores más vulnerables, es muy difícil revertir la violencia», explicó.

La coordinación entre Justicia y fuerzas de seguridad

Consultado por González Prieto sobre el papel de la Justicia, Saredi sostuvo que el esfuerzo policial pierde eficacia si no existe un acompañamiento judicial adecuado.

Al mismo tiempo destacó el trabajo cotidiano de fiscales y funcionarios judiciales, aunque advirtió que tanto el Poder Judicial como las fuerzas de seguridad atraviesan dificultades derivadas de la pérdida del poder adquisitivo y de las restricciones presupuestarias que afectan a la provincia de Buenos Aires.

Según indicó, la situación económica impacta sobre organismos que cumplen funciones esenciales dentro del sistema de seguridad y administración de justicia.

El desafío de las adicciones

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el tratamiento de las adicciones y la escasez de dispositivos especializados.

Saredi remarcó la falta de comunidades terapéuticas cerradas para personas con consumos problemáticos asociados a conductas violentas o a la comisión de delitos graves.

«Hay jóvenes que necesitan tratamientos intensivos y establecimientos adecuados. Hoy prácticamente no existen comunidades terapéuticas cerradas para atender esos casos», advirtió.

Asimismo, mencionó la necesidad de fortalecer los servicios vinculados con salud mental, niñez, adolescencia, familia y asistencia social, áreas que consideró fundamentales para prevenir la reincidencia y reducir la violencia.

Una violencia con múltiples causas

En el tramo final de la entrevista, González Prieto le consultó por qué considera que los hechos delictivos son cada vez más violentos.

Para Saredi, el narcotráfico constituye uno de los factores centrales, aunque no el único.

«También influye la pérdida de los vínculos sociales, la falta de integración comunitaria y el enorme impacto que hoy tienen la tecnología y las redes sociales sobre las conductas y la percepción del delito», señaló.

Finalmente, insistió en que la respuesta frente a la inseguridad no puede limitarse exclusivamente al accionar policial.

«La prevención del delito exige el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las políticas sociales. Si no abordamos las causas profundas de la violencia, será muy difícil revertir la situación», concluyó.

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Por Miguel Saredi

La muerte del agente federal Rodolfo Arnaldo Manfredi y las gravísimas heridas sufridas por el cabo Emilio Gómez Villafañe en Rosario no son solamente una tragedia policial. Son, además, la confirmación brutal de una realidad que muchos intentaron ocultar detrás de discursos triunfalistas y campañas de marketing político.

Mientras desde el Gobierno Nacional se repetía que Rosario había dejado atrás sus peores años y que el denominado Plan Bandera era un éxito indiscutible, en los barrios más castigados por el narcotráfico la realidad seguía siendo otra. Los vecinos lo sabían. Los policías lo sabían. Los delincuentes también.

Hoy, lamentablemente, esa realidad vuelve a cobrar vidas.

Durante la madrugada, efectivos de la Policía Federal que recorrían el interior de Villa Banana, uno de los sectores históricamente más complejos de Rosario, fueron atacados a tiros cuando intentaban identificar a un grupo de sospechosos. Como consecuencia del ataque, murió el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, de apenas 30 años, padre de dos hijos pequeños, mientras que el cabo Emilio Gómez Villafañe recibió un disparo en el tórax y permanece internado en terapia intensiva.

La noticia golpea de lleno a quienes durante meses advirtieron que la situación estaba lejos de estar resuelta.

«Rosario nunca dejó de ser peligrosa. Lo que hubo fue una construcción política para instalar que el problema estaba controlado cuando en realidad los hechos violentos seguían ocurriendo todos los días», sostengo con absoluta convicción.

Porque lo cierto es que muchos episodios jamás alcanzan difusión nacional. Muchos enfrentamientos, amenazas, balaceras y procedimientos armados quedan circunscriptos a los partes policiales o a la preocupación cotidiana de los vecinos. Sin embargo, la violencia sigue presente, muta, se reorganiza y reaparece cada vez que el Estado baja la guardia o pretende reemplazar la gestión por la propaganda.

Resulta imposible no recordar las numerosas declaraciones de la ministra Patricia Bullrich presentando a Rosario como un ejemplo exitoso de recuperación de la seguridad. Nadie puede negar que hubo operativos, despliegues y recursos. Pero una cosa es reducir determinados indicadores y otra muy distinta es afirmar que la ciudad dejó de ser un territorio de alto riesgo.

Los hechos ocurridos en Villa Banana son una demostración contundente de ello.

Pero además surge otro aspecto sumamente preocupante: las crecientes denuncias internas realizadas por efectivos afectados al Plan Bandera.

Distintos testimonios señalan presuntas situaciones de hostigamiento laboral, presiones indebidas, amenazas de sanciones disciplinarias, exigencias extremas y decisiones operativas cuestionadas que habrían generado malestar dentro de las fuerzas desplegadas en Rosario.

Si esas denuncias resultan ciertas, la gravedad institucional es enorme.

No se puede exigir heroísmo permanente a hombres y mujeres que enfrentan a organizaciones criminales altamente violentas mientras denuncian sentirse desprotegidos por determinadas estructuras de mando.

«No alcanza con enviar más patrulleros o más efectivos. También hay que garantizar condiciones operativas adecuadas, respaldo institucional y respeto por quienes ponen el cuerpo todos los días», remarco.

La muerte de Manfredi obliga a formular preguntas incómodas.

¿Se evaluaron correctamente los riesgos de las tareas asignadas?

¿Existían las condiciones operativas necesarias para intervenir en una zona de semejante complejidad?

¿Se escucharon las advertencias que venían realizando numerosos efectivos?

¿Hubo errores de conducción que deben investigarse?

Estas preguntas no constituyen una acusación. Constituyen una obligación.

Porque cuando un servidor público cae cumpliendo su deber, el Estado tiene la responsabilidad de investigar hasta el último detalle de lo ocurrido.

La Argentina necesita recuperar la autoridad frente al crimen organizado. Pero esa autoridad no puede construirse sobre relatos ni sobre estadísticas aisladas. Debe edificarse sobre diagnósticos honestos, políticas sostenidas y protección efectiva para quienes enfrentan al delito.

La muerte del agente Rodolfo Manfredi merece justicia.

La situación crítica del cabo Emilio Gómez Villafañe exige acompañamiento y solidaridad.

Y la sociedad argentina merece saber la verdad completa.

Porque Rosario nunca dejó de ser un desafío para el Estado.

Y cuando la política intenta reemplazar la realidad por el relato, tarde o temprano la realidad termina imponiéndose.

Esta vez, lamentablemente, lo hizo a los tiros.

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El Gobierno avanza en la conformación de la Policía Migratoria

El Gobierno nacional continúa avanzando en la conformación de una nueva fuerza especializada que operará en pasos fronterizos y aeropuertos. Se trata de la Policía Migratoria, un cuerpo contemplado en la Ley de Migraciones, que reemplazará progresivamente a Gendarmería Nacional en los límites internacionales y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos del país.

Según fuentes oficiales, la decisión responde a la necesidad de profesionalizar las tareas que realiza actualmente el organismo de Migraciones, reforzando controles que, según el diagnóstico interno, hoy resultan insuficientes. En la Casa Rosada plantean que la situación quedó en evidencia después del conocido triple homicidio ocurrido en Florencio Varela, caso que expuso la vulnerabilidad de las fronteras ante actividades ilícitas, especialmente vinculadas al contrabando y al movimiento irregular de personas.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que ya se encuentran trabajando en los detalles operativos de la nueva institución, incluyendo su organigrama, funciones, escalafones, presupuesto y metodología de trabajo. Sostienen que el desembarco de la Policía Migratoria supone “un cambio cultural” y remarcan que el organismo seguirá dependiendo de Seguridad, tal como ocurre en la actualidad. Con la salida de Patricia Bullrich hacia el Senado, la conducción política del ministerio quedará en manos de Alejandra Monteoliva, quien deberá supervisar el proceso.

En el oficialismo afirman que el objetivo principal es que Migraciones asuma de manera plena la supervisión de los pasos fronterizos, una tarea que consideran lógica dentro de su competencia. Funcionarios cercanos al área explican que la estrategia incluye la reasignación de recursos y la utilización de la estructura administrativa ya existente, con el fin de evitar duplicación de funciones y optimizar los operativos.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre los beneficios concretos que traerá la nueva fuerza. Más allá de liberar a Gendarmería y a la PSA para tareas estrictamente represivas, distintos sectores cuestionan si la creación de un nuevo cuerpo policial aportará mejoras tangibles en la vigilancia del territorio.

Otro desafío clave será la experiencia del personal. La Policía Migratoria estará integrada por efectivos provenientes de otras fuerzas de seguridad, muchos de los cuales no cuentan con trayectoria específica en control fronterizo. Para asumir funciones, deberán participar de un programa de formación especializada, cuyos contenidos y tiempos de implementación aún no fueron detallados por el Gobierno.

A medida que avancen los lineamientos operativos, el Ejecutivo buscará consolidar esta nueva estructura, con la expectativa de fortalecer la seguridad nacional y modernizar los mecanismos de control en los puntos más sensibles del país.

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En el marco de una ceremonia oficial realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Seguridad Javier Alonso, encabezó el acto de ascenso de 23 nuevos comisarios generales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El evento se enmarca en la política de jerarquización y profesionalización de la fuerza, que busca reconocer la trayectoria de los efectivos que alcanzan los cargos más altos dentro de la institución. “Gracias a una histórica inversión, hoy tenemos una Policía más equipada, con mejores recursos y una formación más sólida”, aseguró Kicillof durante su intervención.

El mandatario provincial sostuvo además que “aún queda mucho por hacer”, pero que estos avances representan “un paso más en la transformación de la fuerza, orientada a ser más eficaz, más profesional y más cercana a la ciudadanía”.

El gobernador hizo hincapié en que su administración prioriza la seguridad mediante acciones concretas y no simples declaraciones. “En Buenos Aires la seguridad se construye con hechos, con inversión y con compromiso”, subrayó.

A su turno, el ministro Alonso destacó la dedicación de los efectivos ascendidos: “Hoy reconocemos a hombres y mujeres que trabajan día a día por la seguridad de los bonaerenses. Este es un nuevo capítulo en el camino de modernizar y fortalecer a nuestra Policía”.

Con estos ascensos, el Gobierno provincial reafirma su política de inversión sostenida en equipamiento, tecnología e infraestructura policial, con el objetivo de brindar un servicio de seguridad más eficiente y al servicio de la comunidad.

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