Polémica nacional: el Gobierno habilitó campings de lujo extranjeros dentro de cuatro parques nacionales

A través de una resolución de Parques Nacionales, el Ejecutivo declaró de interés el desembarco de la firma francesa Huttopia en Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces. El proyecto contempla concesiones por casi 30 años, con fuerte rechazo de comunidades locales, prestadores y trabajadores del sector.

El modelo de desregulación que impulsa la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo que involucra directamente a las áreas protegidas más emblemáticas del país. La Administración de Parques Nacionales (APN) oficializó el interés del Estado en la propuesta de la empresa francesa Huttopia para instalar y administrar complejos de glamping de alta gama dentro de cuatro jurisdicciones de conservación estratégica.

La iniciativa, que fue ratificada mediante la Resolución 370/2026, prevé el desarrollo de alojamientos premium en los Parques Nacionales Iguazú en Misiones, Iberá en Corrientes, Los Glaciares en Santa Cruz y Los Alerces en Chubut. Según la información oficial, la compañía presentó un plan para gestionar cuatro campings de categoría superior, aunque su hoja de ruta contempla hasta seis emprendimientos en territorio argentino hacia 2030, con un desembolso estimado entre 3 y 5 millones de euros.

El acercamiento no es nuevo. De acuerdo a lo consignado por medios nacionales, directivos de la firma se reunieron a principios de octubre con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en infraestructura turística en zonas bajo protección ambiental. La gestión se articula en conjunto con el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, bajo el argumento oficial de modernizar y potenciar la actividad turística en áreas de uso público.

Uno de los puntos que mayor controversia genera está en Corrientes. En el Parque Nacional Iberá, Huttopia solicitaría una concesión de 29 años sobre 40 hectáreas, con capacidad para 100 plazas y servicios propios de proveeduría, restaurante y kiosco. El predio en cuestión se encuentra a escasos metros de la laguna Iberá, el único sector del parque con esa cercanía al espejo de agua. La novedad desató la reacción de vecinos y prestadores de Colonia Carlos Pellegrini, una localidad que sustenta cerca del 90% de su economía en el turismo de naturaleza.

Los autoconvocados calificaron la propuesta como una amenaza doble: por un lado, el impacto ambiental de introducir infraestructura permanente en un ecosistema sensible; por el otro, el golpe económico a emprendimientos familiares que verían competir, dentro del propio parque, a un operador internacional con oferta gastronómica y de alojamiento integrada. En ese marco, reclamaron que se respete la ley de creación del parque y que las inversiones de pernocte se radiquen en los pueblos de amortiguación.

Una situación similar se replica en el sur. En el Parque Nacional Los Glaciares se evalúa como posible locación a Bahía Escondida, un sitio que históricamente fue utilizado por pobladores para acampar y que permanece cerrado hace más de veinte años por motivos ambientales. La intención de reabrirlo ahora bajo un formato de lujo generó críticas de la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC). Su titular, Pablo Perret, advirtió que no se trata de un simple espacio para carpas, sino de una estructura que requerirá agua, energía, tratamiento de efluentes y que incrementará el riesgo de incendios. Estimaciones del sector hablan de tarifas de entre 100 y 190 dólares por noche por carpa equipada.

En el plano legislativo, las diputadas nacionales Ana María Ianni y Sabrina Selva presentaron pedidos de informes para conocer las condiciones de habilitación, los pliegos y el criterio ambiental aplicado.

Desde el ámbito gremial, Alejo Fardjoume, referente de la Coordinación Nacional de ATE en Parques Nacionales, cuestionó la lógica de fondo. Sostuvo que los parques fueron creados para preservar la biodiversidad y que resulta contradictorio que su financiamiento dependa de la recaudación por emprendimientos privados. “Si la conservación pasa a depender de cuánto se recauda, se subordina la protección al rédito de corto plazo”, planteó.

El cuestionamiento central apunta a la creación de enclaves. Mientras la empresa francesa avanza con su primer camping fuera de área protegida en Mar Azul, previsto para diciembre, los trabajadores del sistema de áreas protegidas denuncian recortes en presupuesto, salarios por debajo de la línea de pobreza para guardaparques y brigadistas, y una política que, según advierten, concentra servicios y ganancias dentro de los parques en detrimento del derrame hacia las economías regionales.

La iniciativa había tenido un antecedente en 2018, cuando Huttopia firmó una carta de intención para evaluar complejos en Cabureí, en Andresito, Misiones. Hoy, con el aval formal del Estado, el proyecto vuelve a escena y reabre el debate sobre el límite entre el desarrollo turístico y la función pública irremplazable de los Parques Nacionales.

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