En apenas 18 meses, media docena de sociedades sumó la intervención artificial del tiempo a su objeto comercial. Con el aval del Decreto 599/2024 y la nueva reglamentación de la ANAC de mayo de 2026, la actividad dejó de ser teórica: ya hay un programa piloto en Chaco y antecedentes en Mendoza que reavivan las dudas ambientales y la falta de información pública.
La posibilidad de intervenir en los procesos atmosféricos para provocar lluvias ya no es una hipótesis en la Argentina. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, seis empresas nacionales incorporaron de manera formal la modificación artificial del tiempo atmosférico a sus estatutos, según reveló una investigación del medio El Tres Arroyense a partir de publicaciones del Boletín Oficial.
El movimiento empresario coincide con un cambio normativo clave. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 599/2024 firmado por el presidente Javier Milei, reformó el régimen de trabajo aéreo e incluyó expresamente la modificación del clima, la siembra de nubes para incrementar precipitaciones o nevadas, la dispersión de niebla y la lucha antigranizo.
Esa decisión fue reglamentada meses después. El 22 de mayo de 2026, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó la Resolución 313/2026, que aprobó una nueva edición de la Parte 137 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), con requisitos de operación, certificación y habilitación del personal para estas tareas.
Según el relevamiento, el procedimiento actual permite tramitar la habilitación mediante una declaración jurada de vigencia indefinida, y establece diferencias entre los vuelos realizados para terceros y los que una compañía ejecuta para su propia explotación productiva, lo que podría requerir menos permisos.
¿Cuáles son las seis empresas identificadas?
El informe identificó a South American Weather Consultants S.A., Lindera S.A., Pacific Ocean S.A., PS Logística y Servicios S.A., Regional Air Aviation Services S.A. y Sundown Jet S.A.. Sus perfiles son heterogéneos: desde firmas vinculadas a la aviación ejecutiva y la logística, hasta una inmobiliaria y una petrolera.
La que más interrogantes genera es South American Weather Consultants S.A., cuyo objeto contempla la generación de precipitaciones para los sectores minero y petrolero, además de servicios de asesoramiento en geoingeniería para gobiernos y organizaciones públicas y privadas.
Los especialistas aclaran que incluir la actividad en el estatuto no implica que todas ya estén operando. Para comprobarlo hacen falta registros de vuelo, contratos y autorizaciones operativas.
El primer ensayo concreto: Chaco, 2025
Mientras se discute la regulación, la técnica ya se está probando en territorio nacional. En diciembre de 2025, la empresa chilena Mettech (Monitored Equipment Tech), que se presenta como especialista en «Ingeniería Especializada en Modificación del Clima», puso en marcha un programa piloto en la provincia del Chaco contratado directamente por productores agropecuarios.
El objetivo es mejorar la disponibilidad de agua para los cultivos en plena temporada de estrés hídrico. La firma utiliza generadores terrestres y plataformas aéreas para dispersar núcleos de condensación, principalmente yoduro de plata, y proyecta un incremento de hasta 18% en las lluvias sobre los lotes intervenidos, aunque por el momento se trata de una estimación y no de resultados concluyentes.
La identidad de los productores y la localización exacta de las operaciones se mantienen en reserva, un dato que alimenta los reclamos de mayor transparencia.
Mendoza, por su parte, mantiene desde hace décadas el programa oficial de lucha antigranizo con aviones que siembran tormentas con bengalas, un antecedente documentado que demuestra que la tecnología no es nueva en el país.
Una técnica con límites y muchas preguntas abiertas
La siembra de nubes busca acelerar la formación de cristales de hielo dentro de nubes que ya existen, no crear lluvia de la nada. Requiere condiciones meteorológicas específicas y su eficacia varía según cada sistema.
El centro del debate actual no es solo técnico. Las preguntas que todavía no tienen respuesta pública son: ¿en qué provincias se vuela efectivamente?, ¿quiénes contratan el servicio?, ¿qué sustancias y en qué dosis se dispersan?, ¿existen estudios de impacto ambiental previos y posteriores?, ¿hay un registro público de vuelos y zonas intervenidas?
Sectores como la minería, el petróleo y el agro, altamente dependientes del recurso hídrico, aparecen como los principales interesados. El riesgo, advierten especialistas, es que decisiones con impacto ambiental y territorial queden solo en manos privadas sin control estatal efectivo ni información accesible para las comunidades.
La consolidación del marco aeronáutico y el desembarco de nuevos actores plantean la necesidad de un debate más amplio, con fiscalización ambiental, participación científica independiente y datos abiertos.
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