La Justicia Federal de San Martín hizo lugar parcialmente a un amparo del Gobierno bonaerense y le exigió a Vialidad Nacional reforzar cierres y señalización. La obra tiene 31 kilómetros sin habilitar y está paralizada desde diciembre de 2023. En La Plata ya trabajan en un esquema vía AUBASA.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a intervenir de manera urgente sobre la traza de la Autopista Presidente Perón.
La resolución fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en el marco de una presentación judicial impulsada por el Ejecutivo provincial contra el Estado Nacional.
El magistrado dispuso que el organismo nacional debe mantener y reforzar todas las tareas de clausura, cartelería y prevención en aquellos sectores que permanecen inconclusos o que no fueron librados al uso público, con el objetivo de evitar el ingreso indebido de peatones y vehículos. Asimismo, le ordenó verificar el estado de las defensas y sistemas de contención en los segmentos que sí se encuentran operativos y corregir las fallas detectadas.
La acción había sido promovida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis. Entre los argumentos, la Provincia reclamó la reactivación de una obra clave para el conurbano que no registra avances desde el cambio de gestión nacional y pidió que se garanticen condiciones mínimas de seguridad en todo el corredor.
En el expediente se tuvo en cuenta, además, un episodio de extrema gravedad ocurrido este año en Merlo, donde un menor perdió la vida tras caer desde un puente de la traza sin protección adecuada, hecho que expuso la peligrosidad de los sectores abandonados.
El juzgado aclaró que no se constató un cuadro generalizado de abandono en la totalidad de la autopista, ya que Vialidad informó tareas de conservación durante 2026 en distintos puntos. Por ese motivo, el planteo fue admitido de manera parcial. La cautelar tendrá una vigencia de seis meses y no impone al Gobierno nacional la obligación de retomar la construcción ni de transferir la traza, dos puntos que seguirán discutiéndose en la cuestión de fondo.
La Autopista Presidente Perón, concebida como el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana y que debe unir el oeste con el sur del conurbano, cuenta con 52 kilómetros habilitados sobre un total proyectado de 83. Ese tramo operativo se extiende actualmente entre la Ruta Provincial 40, en Merlo, y la Ruta Provincial 210, a la altura de Guernica, en el partido de Presidente Perón.
Del remanente de 31 kilómetros que aún no está en servicio, cerca de 18,5 kilómetros ya tienen la calzada ejecutada pero permanecen cerrados por falta de obras complementarias, mientras que los 12,5 kilómetros restantes ni siquiera pudieron iniciarse por demoras en los procesos de expropiación de terrenos.
En el Gobierno de Axel Kicillof aseguran que la única vía viable para concluir la intervención es que Nación acepte ceder la jurisdicción. Según explicaron fuentes de la cartera de Infraestructura, el plan oficial contempla incorporar la autopista al sistema de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).
La lógica planteada es la de un autofinanciamiento: con la implementación de estaciones de cobro, lo recaudado permitiría sostener el mantenimiento y reunir los fondos para completar los kilómetros pendientes. «Si Nación no la transfiere no hay manera», sostuvieron desde el entorno del ministro. La propuesta incluye formalmente la administración del sector comprendido entre el kilómetro 13,5 y el 62,45.
Vialidad Nacional, por su parte, deberá presentar en un plazo de 15 días un informe detallado sobre las acciones adoptadas, los sectores alcanzados y las reparaciones efectuadas.
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