La vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la casa de altos estudios platense, Fernando Tauber, firmaron convenios para impulsar becas de posgrado, asistencia técnica y aportes académicos ante una posible reforma de la Constitución provincial.
La articulación entre el poder legislativo provincial y la universidad pública sumó un nuevo capítulo este lunes. En un encuentro realizado en La Plata, la titular de la Cámara Alta bonaerense, Verónica Magario, y el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, rubricaron una serie de acuerdos de cooperación institucional.
La firma, concretada el 3 de noviembre, establece un esquema de trabajo conjunto para el diseño y ejecución de programas, proyectos y acciones de interés mutuo. Según se informó oficialmente, las iniciativas tendrán un perfil académico y técnico, con una mirada plural, interdisciplinaria y sustentada en antecedentes históricos, jurídicos, institucionales y de derecho comparado.
Uno de los ejes centrales es el convenio específico denominado “Aportes para el estudio y debate de una eventual reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires”. A través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Senado y la UNLP se comprometieron a generar diagnósticos, informes, documentos de trabajo y recomendaciones que sirvan de insumo para el debate público. También se prevé la realización de jornadas, seminarios y mesas de intercambio, sin que ello implique fijar una postura sobre la oportunidad o alcance de una futura reforma.
En ese marco, Magario remarcó la necesidad de pensar la normativa provincial a la luz de la era digital y de los nuevos derechos que deben incorporarse. Tauber, por su parte, sostuvo que la intención es sentar las bases técnicas y que la Universidad asume esa responsabilidad desde su Facultad y desde el conjunto de sus equipos.
Otro punto relevante del entendimiento apunta al fortalecimiento de los planteles legislativos. El acuerdo contempla hasta 20 becas para los ciclos 2027-2028 destinadas a agentes, asesores y personas vinculadas al Poder Legislativo, para cursar estudios de posgrado en Derecho Constitucional. La selección de los postulantes quedará en manos del Senado, mientras que la admisión y el seguimiento académico será responsabilidad de la Facultad. Además, se prevén cursos de formación y pasantías.
Durante la reunión también se abrió una agenda vinculada a la actualización de la Ley del Boleto Estudiantil. El titular de la UNLP propuso contemplar la situación de quienes obtienen una titulación intermedia y continúan la carrera, y extender la vigencia del beneficio a febrero y marzo, ya que actualmente rige desde abril.
Del encuentro participaron por el Senado el secretario Legislativo Mariano Ríos Ordoñez, el secretario Administrativo Roberto Feletti, el jefe de Gabinete Martín Di Bella y el vicejefe Patricio García, entre otros funcionarios. Por la UNLP estuvieron el vicepresidente del Área Académica Marcelo Pecoraro, la decana de Jurídicas Valeria Moreno y el secretario Legal y Técnico Rafael Clark.
Los convenios ratifican la voluntad de poner las capacidades científicas y profesionales de la universidad pública al servicio de las instituciones bonaerenses y de la comunidad.
Autor
