El periodista y asesor parlamentario Martín Méndez advierte que el presidente Javier Milei cruzó un límite inadmisible al descalificar y amenazar simbólicamente a periodistas que investigaron al oficialismo, y sostiene que cuando el poder convierte a la prensa en enemiga, lo que está en riesgo es la democracia misma.
Por Martín Méndez – Periodista y asesor parlamentario
Hay límites que ningún presidente debería cruzar. Javier Milei acaba de atravesar uno que no admite justificaciones, relativizaciones ni silencios cómplices.
Durante un encuentro organizado por la Fundación Faro, el Presidente de la Nación arremetió contra periodistas que investigaron y cubrieron controversias vinculadas al ecosistema cripto y gestiones del oficialismo. Más allá del cuestionamiento conceptual, descalificó públicamente a los profesionales y pronunció una frase incompatibles con la convivencia democrática: «Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta».
No estamos frente a una discusión superficial sobre el estilo personal de un mandatario. Estamos ante una conducta reiterada que compromete la responsabilidad institucional de quien ejerce la máxima magistratura del país. Cuando un Presidente señala a comunicadores con nombre y apellido y recurre a metáforas de violencia extrema o sugestiones de castigo, no puede pretender que la sociedad lo interprete como un simple exabrupto o una muestra de enojo personal.
La investidura presidencial no otorga el derecho de intimidar, estigmatizar ni colocar en situación de vulnerabilidad a quienes ejercen la tarea de informar.
Como periodista, rechazo de manera categórica estas expresiones. Lo hago no solo por los colegas directamente señalados, sino por cada trabajador de prensa que investiga, contrasta información y cumple con su deber constitucional, aun cuando los datos incomoden al poder de turno.
Expreso mi solidaridad con Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, así como con todos los profesionales que enfrentan agravios por ejercer su labor. Asimismo, me pongo a disposición de los colectivos de prensa para acompañar las acciones institucionales que defiendan la libertad de expresión y garanticen condiciones seguras para el trabajo periodístico.
Un Presidente no puede confundir las críticas con conspiraciones
El episodio se produjo tras difundirse novedades judiciales desfavorables a las imputaciones contra el Presidente y su entorno en causas sobre plataformas financieras. En ese contexto, el mandatario volvió a cargar contra quienes informaron sobre los expedientes e investigaciones periodísticas.
La Justicia debe actuar con independencia y sus fallos deben acatarse. Sin embargo, una resolución judicial favorable no convierte retroactivamente en ilegítimo ni en «delictivo» el trabajo previo de la prensa sobre asuntos de indiscutible interés público.
Informar sobre causas o controversias que involucran al jefe de Estado no es conspirar. Preguntar no es desestabilizar. Investigar no es traicionar a la patria. Y publicar información incómoda no transforma a un periodista en un enemigo de la Nación.
Si el Poder Ejecutivo considera que una información es inexacta, dispone de resortes institucionales para rectificar, presentar pruebas y responder de cara a la ciudadanía. Si entiende que existió un perjuicio, cuenta con las vías legales correspondientes. Lo que resulta inadmisible es sustituir los argumentos por descalificaciones personalizadas y convertir la tribuna presidencial en un espacio de hostigamiento.
La democracia no exige periodistas obedientes: exige gobernantes dispuestos a rendir cuentas.
La violencia verbal desde el Estado genera consecuencias reales
Las palabras de un ciudadano común y las de un Presidente no poseen el mismo peso ni el mismo alcance. Quien ocupa la Casa Rosada administra una autoridad y una visibilidad que amplifican exponencialmente cada una de sus declaraciones.
Señalar periodistas, atribuirles conductas deshonestas sin sustento y vincularlos con imágenes de violencia extrema no es un hecho menor. Este tipo de discurso alimenta el acoso en redes sociales, legitima la agresión verbal y genera un clima de intimidación incompatible con el Estado de Derecho.
No es necesario esperar a que una descalificación verbal devenga en una agresión física para advertir su gravedad. La responsabilidad política implica prevenir escenarios de violencia, no crear las condiciones propicias para que se desencadenen.
Entidades como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA, SiPreBA y organismos de derechos humanos han advertido sobre esta escalada en la retórica oficial. Dichas llamadas de atención no son reacciones corporativas: son alertas sobre la degradación del debate público y las garantías constitucionales.
Tampoco resulta suficiente el distanciamiento individual de algunos dirigentes frente a frases aisladas. La defensa de la libertad de prensa debe ser un principio ético innegociable, sostenido incluso cuando el periodista cuestionado mantenga una línea editorial opuesta o plantee preguntas incomodas a nuestro propio espacio político.
La República exige proteger el derecho a saber
El periodismo convive con divergencias, miradas editoriales diversas y el deber constante de autoexigencia y rigor. Podemos discutir metodologías, revisar coberturas y exigir rectificaciones cuando corresponda. Ninguna de esas diferencias justifica el hostigamiento ni la amenaza explícita o velada.
Proteger la labor periodística no significa otorgarle privilegios a un sector professional. Significa resguardar un derecho fundamental de toda la ciudadanía: el derecho a estar informada, a preguntar y a auditar el ejercicio del poder.
La Argentina no necesita discursos de confrontación ni alusiones a hogueras: necesita fortalezas democráticas. Javier Milei puede debatir, cuestionar investigaciones y responder a cada publicación. Lo que no puede hacer es emplear el aparato del Estado para instalar la idea de que la crítica merece castigo o violencia.
Frente al insulto, argumentos. Frente a la intimidación, solidaridad. Frente al autoritarismo, vigencia plena de la Constitución. La prensa no pide permiso para investigar al poder; es el poder el que debe someterse a las reglas de la democracia.
Autor
