La Cámara baja dio luz verde pasada la medianoche al proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad tras más de cuatro horas de debate. El ex ministro y autor de la Ley de Emergencia cuestionó el deterioro del sector y reclamó que el Presupuesto garantice los fondos.
En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles 22 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo un respaldo contundente de 237 votos afirmativos, 9 rechazos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El texto, consensuado entre el oficialismo y bloques aliados y opositores, busca reemplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Tras semanas de negociaciones, el Gobierno aceptó incorporar cambios clave reclamados por la oposición y por organizaciones del colectivo.
La nueva normativa ratifica puntos centrales del sistema vigente: mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, establece su actualización por inflación, sostiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso al beneficio y consagra un nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado.
Además, se preserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal registrado, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles, y se garantiza la cobertura del Programa Incluir Salud. El proyecto también obliga al Poder Ejecutivo a saldar en 90 días las deudas pendientes con prestadores y a presentar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días.
En ese contexto, el ex diputado nacional y docente universitario Daniel Arroyo, impulsor de la anterior Ley de Emergencia, analizó el alcance de la iniciativa en diálogo con Radio Universidad y planteó reparos sobre su implementación real.
El ex funcionario sostuvo que en los últimos tres años se produjo un fuerte retroceso en la atención a las personas con discapacidad, con dificultades para acceder a medicamentos, traslados, terapias y pensiones. Recordó que la Ley de Emergencia había contado con el apoyo del 80% de ambas cámaras, pero fue vetada por el Ejecutivo.
Para graficar el deterioro, describió la situación actual de los prestadores: un acompañante terapéutico percibe 4.600 pesos la hora con un plazo de cobro de 120 días, mientras que un transportista cobra 970 pesos por litro de combustible cuando el valor de mercado ronda los 2.500 pesos. Esa brecha, explicó, hace que muchos servicios que deberían prestarse cinco días a la semana se reduzcan a dos.
Arroyo señaló que el nuevo proyecto retoma varios ejes de la ley de emergencia y cuestionó la contradicción del Gobierno, que hace un mes envió un Presupuesto 2027 con recortes en el área y ahora impulsa una normativa similar a la que había frenado. En ese sentido, expresó dudas sobre la voluntad de cumplimiento y consideró que será complejo recuperar la confianza tras lo ocurrido.
Uno de los principales puntos de tensión es justamente el Presupuesto. El legislador advirtió que, tal como fue enviado a Diputados, el proyecto prevé quitas de pensiones y la ruptura del nomenclador. Por eso, reclamó que el Ejecutivo retire los artículos que ajustan en discapacidad y envíe partidas específicas del Ministerio de Salud para asegurar el financiamiento, con compensación del Tesoro si resultan insuficientes y con la garantía de que no se pierda poder adquisitivo.
«La situación es desesperante», afirmó al referirse a las familias que realizan trámites interminables sin obtener respuestas. Y concluyó que para que la ley no se convierta en una nueva frustración, debe verse reflejada con recursos concretos en el Presupuesto. «No se aguanta más otra decepción», remarcó.
El debate contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales. El peronismo terminó respaldando tras lograr la inclusión de sus modificaciones, mientras que la izquierda se abstuvo por considerar insuficiente la actualización de deudas con prestadores y algunos legisladores cordobeses votaron en contra por cuestionar la participación de las organizaciones.
Con la mayoría especial de dos tercios alcanzada, el oficialismo considera que se allana el camino en el Senado y se reduce la posibilidad de un veto presidencial.
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