La persona detenida, identificada como Albertina Mangini, es empleada del Poder Judicial bonaerense y, según la aclaración difundida desde la Provincia, nunca tuvo relación laboral con el Ministerio de Justicia. La precisión surgió luego de publicaciones que la presentaron como una funcionaria del Ejecutivo bonaerense.
La detención de una empleada judicial bonaerense volvió a generar una fuerte controversia en torno a la información difundida públicamente sobre el caso. El punto central de la discusión no está solamente en la investigación penal que lleva adelante la Justicia, sino también en la identificación del organismo al que pertenece la mujer detenida.
Desde el gobierno de Axel Kicillof se remarcó que Albertina Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y que nunca fue empleada del Ministerio de Justicia bonaerense. La aclaración resulta relevante porque algunas publicaciones periodísticas la presentaron como una funcionaria del gobierno provincial o directamente como una persona vinculada laboralmente con el gobernador.
La investigación judicial comenzó meses atrás y tiene como eje una presunta organización dedicada a utilizar datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar fondos de presunto origen ilícito. Mangini quedó imputada en el expediente que tramita en La Plata y fue detenida por orden de la fiscal Betina Lacki.
Una diferencia institucional que modifica el sentido de la información
La discusión generada en las últimas horas tiene como principal eje la pertenencia laboral de la mujer detenida.
De acuerdo con la aclaración difundida desde la Provincia, Mangini pertenece al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo. En particular, se indicó que se trata de una empleada judicial que desarrollaba tareas relacionadas con una dependencia de la Procuración General bonaerense.
La confusión se habría originado porque la mujer realizaba funciones en una oficina que funcionaba dentro del ámbito físico del Patronato de Liberados. El Patronato depende administrativamente del Ministerio de Justicia bonaerense, pero esa circunstancia no convierte automáticamente en empleada de esa cartera a una trabajadora perteneciente al Poder Judicial.
Medios que reconstruyeron previamente el expediente también identificaron a Mangini como una agente judicial vinculada con la Procuración General bonaerense y señalaron que se desempeñaba en el ámbito del Patronato de Liberados.
Por eso, desde la administración provincial cuestionaron que se la describiera como una “funcionaria de Kicillof”. La diferencia no es meramente semántica: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo son estructuras estatales distintas, con autoridades, competencias y relaciones laborales diferentes.
Qué investiga la Justicia
El expediente judicial busca determinar si existió una organización que captaba a personas vulnerables para obtener sus datos personales, documentación e información biométrica y utilizarlos posteriormente para abrir cuentas digitales.
Según las investigaciones difundidas hasta el momento, las personas contactadas podían recibir dinero a cambio de entregar sus datos y permitir procedimientos de identificación biométrica. Posteriormente, esas identidades habrían sido utilizadas para operar cuentas en distintas plataformas financieras digitales.
La causa se tramita en La Plata y tiene como fiscal a Betina Lacki. Mangini fue imputada junto con otros sospechosos por delitos que incluyen, según la investigación, presunta estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
La investigación también analiza una posible conexión con movimientos de dinero de gran magnitud y con otras causas vinculadas al presunto lavado de activos. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial y rige para las personas imputadas el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
El antecedente laboral que explica la confusión
Uno de los aspectos que aparece en la reconstrucción del caso es que Mangini tenía acceso a información relacionada con personas sometidas a distintos procesos y controles judiciales.
La explicación difundida desde la Provincia señala que existía una articulación institucional que permitía que determinadas personas bajo supervisión del sistema de justicia se presentaran en una sede vinculada con el Patronato de Liberados. Esa operatoria habría permitido que una empleada judicial tuviera acceso a información de personas que habían atravesado procesos penales.
Ese vínculo funcional entre organismos puede explicar por qué su nombre aparece relacionado con el Patronato, pero no modifica su condición laboral de empleada del Poder Judicial.
El cuestionamiento a la cobertura periodística
La controversia política se profundizó después de que publicaciones periodísticas identificaran a la detenida como una “funcionaria de Kicillof”.
Desde el Ejecutivo bonaerense se cuestionó que esa caracterización continuara apareciendo aun después de que se difundiera la aclaración sobre su verdadera relación laboral.
El planteo oficial sostiene que atribuirle una pertenencia al Ministerio de Justicia o presentarla como una funcionaria del gobernador constituye una descripción incorrecta de su situación laboral.
En ese sentido, la discusión excede el caso particular y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de distinguir con precisión entre los distintos poderes del Estado. Una empleada del Poder Judicial no pasa a ser empleada del Poder Ejecutivo por desarrollar tareas en una dependencia ubicada dentro de un organismo cuya estructura administrativa pertenece al Ejecutivo.
La propia cobertura periodística previa sobre la investigación había identificado a Mangini como una funcionaria de la Procuración General bonaerense y como una agente judicial, lo que refuerza la necesidad de precisar su pertenencia institucional.
La precisión que reclama la Provincia
Desde la administración bonaerense se insiste en un punto concreto: la persona detenida es empleada del Poder Judicial y nunca fue empleada del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Por ese motivo, desde el oficialismo provincial se reclamó que las publicaciones que la vincularon directamente con el gobierno de Kicillof rectifiquen la información y diferencien su situación laboral de la dependencia física o funcional donde desarrollaba parte de sus tareas.
La investigación penal continuará ahora su curso en los tribunales. La Justicia deberá establecer qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los imputados y determinar si las hipótesis planteadas por la fiscalía pueden ser acreditadas con pruebas.
Mientras tanto, la discusión pública también quedó atravesada por otra cuestión: cómo se presenta ante la sociedad la pertenencia institucional de una persona involucrada en una causa penal. En este caso, la aclaración oficial busca dejar establecido que Mangini no integra ni integró el Ministerio de Justicia bonaerense ni es una empleada del gobernador, sino una trabajadora perteneciente al Poder Judicial provincial.
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