La Cámara alta retoma este jueves el tratamiento de una de las iniciativas centrales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto busca acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente o con alquileres impagos, incorpora herramientas judiciales para agilizar los procesos y suma resguardos para personas en situación de vulnerabilidad.
El Senado de la Nación retomará este jueves el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que propone una amplia reforma en materia de protección del derecho de propiedad y que incluye un nuevo procedimiento para acelerar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente o con contratos de alquiler incumplidos.
La discusión se reanudará luego de que, en julio, el oficialismo no lograra reunir los apoyos necesarios para avanzar con la votación y la sesión fuera postergada mediante un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. Desde entonces, el texto sufrió diversas modificaciones con el objetivo de sumar consensos entre bloques dialoguistas y aumentar las posibilidades de aprobación.
Uno de los ejes principales del proyecto es la implementación de un procedimiento judicial abreviado para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles en un plazo menor al previsto por la legislación vigente.
Cómo funcionaría el nuevo sistema de desalojos
La propuesta establece que, una vez notificada la persona que ocupa el inmueble, contará con 10 días hábiles para restituir voluntariamente la propiedad. Este plazo representa una modificación respecto del proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo, que contemplaba apenas tres días para cumplir con esa obligación.
Además del cambio en los tiempos, la iniciativa incorpora mecanismos destinados a agilizar las actuaciones judiciales. Entre ellos se encuentran la utilización de notificaciones electrónicas, herramientas para identificar con mayor rapidez a los ocupantes y procedimientos que permitan reducir las demoras habituales en este tipo de procesos.
En caso de que el ocupante no abandone el inmueble dentro del plazo fijado por la Justicia, el proyecto habilita al oficial de Justicia a solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad para ejecutar el lanzamiento. También prevé la posibilidad de ordenar allanamientos y autorizar la apertura de cerraduras cuando resulte indispensable para concretar la restitución de la propiedad.
Cambios incorporados durante el debate
Durante el tratamiento en las comisiones del Senado, el oficialismo introdujo modificaciones para responder a cuestionamientos formulados por distintos sectores políticos.
La versión que llegará al recinto contempla una serie de salvaguardas para los casos en los que entre los ocupantes existan niños, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad. En esas situaciones, el juez deberá dar intervención a los organismos estatales de protección correspondientes antes de ejecutar el desalojo.
El objetivo de esa medida es permitir que dichos organismos gestionen soluciones habitacionales transitorias para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, procurando equilibrar el derecho de propiedad con la protección de los sectores más sensibles.
Un proyecto con varios capítulos
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita únicamente al régimen de desalojos. El texto también contempla modificaciones vinculadas a las expropiaciones y originalmente incluía cambios en la normativa sobre tierras rurales y propiedad extranjera.
Sin embargo, en las horas previas al tratamiento legislativo el oficialismo resolvió retirar el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros para facilitar acuerdos con bloques aliados y evitar que esa discusión pusiera en riesgo el avance del resto de la iniciativa.
Expectativa por la votación
La sesión de este jueves aparece como un momento clave para una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de propiedad privada.
Mientras el oficialismo sostiene que el proyecto brindará mayor seguridad jurídica, agilizará la recuperación de inmuebles y fortalecerá los derechos de los propietarios, distintos sectores de la oposición mantienen reparos sobre el alcance de algunas disposiciones y sus posibles efectos sociales, especialmente en contextos de vulnerabilidad habitacional.
El resultado de la votación definirá si la iniciativa continúa su recorrido legislativo y avanza hacia su eventual sanción.
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