Un informe oficial revela que más de 1,34 millones de hectáreas rurales de Mendoza pertenecen a propietarios extranjeros. El dato vuelve a estar en el centro de la escena por el tratamiento legislativo de una reforma que propone elevar el límite de titularidad extranjera del 15% al 25% del territorio rural provincial.
La discusión sobre la propiedad de las tierras rurales volvió a instalarse en la agenda nacional y Mendoza aparece como una de las provincias más involucradas en el debate. Según el último informe oficial correspondiente a agosto de 2025, el territorio mendocino cuenta con 1.344.090 hectáreas rurales bajo titularidad extranjera, una superficie que representa el 9,06% de las casi 14,8 millones de hectáreas rurales existentes en la provincia.
Con estos números, Mendoza ocupa el tercer lugar a nivel nacional entre las provincias con mayor cantidad de tierras rurales en manos de extranjeros, solo detrás de Santa Cruz y Salta. El relevamiento forma parte de los registros elaborados en el marco de la Ley Nacional de Tierras Rurales, vigente desde 2011, que establece límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
Uno de los departamentos donde la presencia de propietarios extranjeros es más significativa es Malargüe, que concentra 608.739,78 hectáreas extranjerizadas. Esa cifra equivale al 14,74% de toda su superficie rural, convirtiéndose en el distrito mendocino con mayor participación de capitales extranjeros.
Detrás aparecen General Alvear, San Rafael, Las Heras, Lavalle, La Paz y San Carlos, departamentos estratégicos para actividades económicas como la ganadería, la producción vitivinícola, la minería, la explotación petrolera y el desarrollo turístico. La presencia de inversiones en estas zonas ha generado durante años un intenso debate sobre el equilibrio entre la llegada de capitales y la preservación del control sobre recursos considerados estratégicos.
El tema cobró renovada actualidad por el tratamiento en el Senado de una reforma a la Ley de Tierras Rurales impulsada por el oficialismo. El nuevo dictamen, presentado tras modificaciones al proyecto original, propone elevar del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podrían quedar bajo propiedad extranjera en cada provincia. Además, mantiene restricciones especiales para Estados extranjeros y compañías controladas por gobiernos extranjeros, salvo que exista autorización tanto de la provincia involucrada como del Poder Ejecutivo Nacional.
La iniciativa forma parte de un paquete legislativo más amplio vinculado a la protección de la propiedad privada y busca reunir los consensos necesarios luego de varios cambios introducidos durante su tratamiento parlamentario. Sin embargo, el proyecto continúa generando fuertes diferencias entre oficialismo y oposición, además del rechazo expresado por organizaciones sociales, sectores rurales y distintos espacios políticos que advierten sobre las posibles consecuencias de flexibilizar los límites actuales.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijó como objetivo preservar el acceso nacional a los recursos estratégicos y estableció que la titularidad extranjera de tierras rurales no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial o municipal, además de imponer restricciones sobre zonas de frontera y terrenos con cuerpos de agua permanentes.
El resultado del debate parlamentario será determinante para definir si Argentina modifica uno de los principales instrumentos que regulan la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros. Mientras tanto, los datos oficiales muestran que Mendoza ya se encuentra entre las jurisdicciones con mayor superficie bajo titularidad foránea, una situación que vuelve a poner el foco sobre el futuro de la administración de los recursos naturales y productivos de la provincia.
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