El oficialismo volvió a modificar el proyecto de reforma de la Ley de Tierras para intentar reunir los votos necesarios en el Senado. Aunque incorporó cambios en los límites para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, la oposición y distintos sectores políticos sostienen que las modificaciones no alteran el núcleo de la iniciativa y advierten que podría flexibilizar el acceso de inversores extranjeros a zonas consideradas estratégicas para el país.
A pocos días de una nueva definición legislativa, el Gobierno nacional volvió a modificar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye una profunda reforma de la Ley de Tierras. La nueva redacción busca acercar posiciones con sectores dialoguistas del Senado luego de que el tratamiento de la iniciativa fuera postergado por falta de los votos necesarios.
La discusión quedó en suspenso el pasado 16 de julio, cuando el oficialismo solicitó un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto al no reunir el respaldo suficiente para avanzar con la sanción del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Con el objetivo de destrabar las negociaciones, el Ejecutivo hizo circular un nuevo borrador —el número 16 desde el inicio del debate parlamentario, según trascendió— que modifica uno de los puntos más cuestionados: el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Qué cambia en el nuevo borrador
La propuesta inicial contemplaba eliminar prácticamente todas las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Sin embargo, la nueva versión establece un límite del 25% de tierras en manos de capitales extranjeros dentro de cada provincia, en reemplazo de la eliminación total de los topes que proponía el texto original.
Actualmente, la legislación vigente fija un límite del 15% sobre el total del territorio nacional, además de establecer restricciones a nivel provincial y departamental.
El cambio fue interpretado por algunos sectores como un intento del oficialismo por acercar posiciones con gobernadores y bloques aliados que habían expresado reparos sobre la apertura del mercado de tierras rurales. El Gobierno apuesta a que esta modificación permita reunir los votos necesarios para tratar el proyecto en la sesión prevista para el 6 de agosto.
La oposición cuestiona el alcance de las modificaciones
Pese a los cambios incorporados, dirigentes opositores sostienen que el nuevo texto mantiene aspectos que consideran problemáticos.
Una de las voces más críticas fue la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, quien sostuvo que las modificaciones difundidas «no resuelven el problema de fondo» porque, según explicó, desaparecen los límites por departamento que hoy contempla la normativa vigente.
Desde esa perspectiva, advirtió que el verdadero control sobre la concentración de tierras se produce precisamente en la escala departamental, donde se encuentran recursos considerados estratégicos, como cuencas hídricas, glaciares, reservas naturales, zonas productivas y áreas con potencial minero.
Según ese planteo, elevar el límite provincial al 25% no impediría que grandes extensiones ubicadas dentro de determinados departamentos queden bajo control extranjero, siempre que el porcentaje total provincial no supere el nuevo tope previsto.
Como ejemplo, Vilar mencionó sectores del departamento Los Lagos, en Neuquén, donde se concentran importantes recursos naturales y turísticos, y sostuvo que podrían quedar alcanzados por el nuevo esquema.
Se endurecen las críticas al proyecto
Mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, el debate también se trasladó al plano político y a las redes sociales, donde referentes opositores y sectores nacionalistas intensificaron sus cuestionamientos.
Entre las críticas más duras, algunos dirigentes y militantes sostienen que la reforma constituye una estrategia destinada a facilitar la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. Desde esos espacios califican la iniciativa como una «entrega del territorio nacional» y afirman que podría afectar el control sobre recursos considerados estratégicos para el país.
En ese contexto, también aparecieron fuertes cuestionamientos dirigidos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Algunos de sus detractores recordaron distintas etapas de su trayectoria política y cuestionaron su respaldo al proyecto, planteando interrogantes sobre el cambio de sus posiciones a lo largo de los años.
Asimismo, expresaron sospechas sobre el eventual beneficio que podrían obtener grandes fondos internacionales si prosperara la reforma, aunque esas afirmaciones no han sido respaldadas con pruebas públicas.
Las críticas se suman a las advertencias formuladas por dirigentes de la oposición y organizaciones sociales, que sostienen que las modificaciones introducidas por el oficialismo no alteran el núcleo del proyecto y que, de aprobarse, podrían flexibilizar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Otros puntos que generan debate
Además de la discusión sobre los porcentajes permitidos para la adquisición de tierras rurales, distintos sectores también cuestionan otros artículos del proyecto.
Entre ellos mencionan la eliminación de restricciones vinculadas a terrenos lindantes con grandes cuerpos de agua, modificaciones respecto de inmuebles ubicados en zonas de frontera, la derogación del límite de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo y la eliminación del tope del 30% por nacionalidad que contempla la legislación actual.
Estos aspectos continúan siendo objeto de negociación política y forman parte de las diferencias que mantienen abierto el debate entre el oficialismo, la oposición y algunos bloques provinciales.
Expectativa por la sesión del Senado
El próximo 6 de agosto será una fecha clave para el futuro de la iniciativa. Tras varias postergaciones y numerosas modificaciones al texto original, el oficialismo intentará conseguir el respaldo suficiente para avanzar con uno de los proyectos que considera prioritarios dentro de su agenda de reformas.
Mientras tanto, organizaciones sociales, dirigentes políticos y gobiernos provinciales siguen de cerca una discusión que trasciende el mercado inmobiliario y pone el foco en el control de los recursos naturales, la soberanía territorial y el alcance que podrían tener las inversiones extranjeras sobre las tierras rurales argentinas.
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