El Gobierno nacional confirmó ante la Justicia Federal que no otorgará el aval necesario para que la Provincia acceda a un financiamiento internacional destinado a una obra clave de saneamiento ambiental. La administración bonaerense cuestionó la decisión y advirtió sobre el impacto económico que tendría afrontar el proyecto con recursos propios.
El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires volvió a escalar luego de que la gestión encabezada por Javier Milei rechazara otorgar el aval requerido para que el distrito acceda a un crédito internacional por 270 millones de dólares, destinado a la construcción de una nueva planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales para la región del Gran La Plata.
La decisión fue comunicada mediante una presentación realizada ante el Juzgado Federal N.º 4 de La Plata, en el marco de una causa vinculada con la contaminación ambiental de la cuenca del Río de la Plata, el Arroyo El Gato y el Río Santiago. El expediente había derivado en un requerimiento judicial para que el Ministerio de Economía definiera si otorgaría o no la garantía soberana necesaria para concretar el financiamiento externo.
El proyecto impulsado por la Provincia contempla la construcción de una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en Berisso, junto con un emisario subterráneo, un conducto subfluvial y las obras complementarias necesarias para el tratamiento y la disposición final de los efluentes cloacales generados por La Plata, Berisso y Ensenada. Según las estimaciones oficiales, la iniciativa beneficiaría a más de un millón de habitantes y apunta a reducir significativamente la contaminación que afecta desde hace años a la región.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la Provincia deberá buscar mecanismos de financiamiento propios para ejecutar la obra, aunque manifestaron disposición para analizar alternativas vinculadas con programas de crédito ya existentes.
En tanto, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense señalaron que afrontar el proyecto exclusivamente con fondos provinciales implicaría una fuerte presión sobre las finanzas públicas y remarcaron que el préstamo internacional ya había sido preacordado con un organismo de crédito, aunque requería el aval del Estado nacional para su aprobación definitiva.
La administración de Axel Kicillof también sostuvo que otras provincias recibieron autorizaciones para acceder a financiamiento internacional durante la actual gestión nacional, por lo que interpretó la negativa como una decisión de carácter político.
La obra forma parte de un plan integral de saneamiento que busca mejorar la calidad ambiental de la cuenca y responder a una problemática que la Justicia Federal viene siguiendo desde hace varios años debido a los elevados niveles de contaminación registrados en distintos cursos de agua de la región.
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