El debate por los límites a los mandatos municipales vuelve a instalarse en la agenda bonaerense. La reforma permanece estancada y varios jefes comunales analizan alternativas políticas y judiciales.
La cuenta regresiva hacia las elecciones de 2027 ya comenzó a generar movimientos dentro de la política bonaerense. Uno de los temas que mayor preocupación despierta entre los gobiernos municipales es la imposibilidad de que casi seis de cada diez intendentes puedan postularse para un nuevo mandato consecutivo debido a las actuales restricciones legales.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 135 municipios y, de mantenerse sin modificaciones la legislación vigente, aproximadamente 80 intendentes deberán dejar sus cargos al finalizar el próximo período, independientemente del respaldo electoral que puedan conservar en sus distritos.
La normativa que regula esta situación fue sancionada hace una década con el objetivo de limitar las permanencias prolongadas en el poder. Posteriormente sufrió modificaciones que redefinieron el punto de partida para contabilizar los mandatos consecutivos, aunque el límite continúa vigente para quienes iniciaron sus períodos desde 2019.
El escenario afecta especialmente a intendentes con fuerte peso territorial que gobiernan municipios estratégicos del conurbano y del interior provincial. La situación alcanza a dirigentes pertenecientes a diversas fuerzas políticas, lo que convierte la discusión en un tema transversal y no exclusivo de un solo espacio partidario.
Mientras algunos dirigentes impulsan una reforma legislativa para habilitar una nueva postulación, otros consideran que la discusión resulta inconveniente en un contexto de demandas sociales vinculadas a la economía y los servicios públicos. Esa falta de consenso mantiene paralizado el tratamiento de los proyectos presentados en la Legislatura bonaerense.
En paralelo, comienza a tomar fuerza la posibilidad de recurrir a la Justicia para intentar dejar sin efecto las limitaciones previstas por la ley. Esa alternativa ya es analizada por distintos sectores políticos ante la incertidumbre sobre una eventual reforma parlamentaria.
El desenlace de este debate tendrá impacto directo sobre el armado electoral de 2027, ya que obligará a numerosos espacios políticos a definir nuevos candidatos o, en caso de modificarse la legislación, permitirá la continuidad de dirigentes que gobiernan sus municipios desde hace varios períodos consecutivos.