El Gobierno puso en marcha una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones. Los corredores estratégicos para la producción y la logística dejan de estar bajo la órbita de Corredores Viales S.A. y pasan a un esquema de gestión privada.
Desde el miércoles 1 de julio comenzó a regir una de las transformaciones más importantes del sistema vial argentino de los últimos años. Un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas pasaron oficialmente a ser administrados por empresas privadas, en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC), iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para reorganizar la infraestructura vial mediante inversión privada.
La medida fue formalizada con la firma de los contratos por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó el inicio de la operación de los nuevos concesionarios en corredores que hasta ahora eran administrados por Corredores Viales S.A. El proceso se enmarca en el esquema previsto por la Ley Bases y forma parte del plan oficial para reducir la participación estatal en la gestión de las rutas nacionales.
Los corredores transferidos incluyen dos tramos considerados estratégicos para el transporte de pasajeros, la actividad productiva y el comercio. Uno de ellos corresponde al Tramo Pampa, integrado por la Ruta Nacional 5, mientras que el otro comprende el denominado Tramo Sur Atlántico–Acceso Sur, que abarca las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226. En conjunto, estas vías conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con importantes regiones productivas de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
Según informó el Gobierno nacional, el nuevo modelo establece que las empresas concesionarias deberán asumir las tareas de operación, mantenimiento y futuras obras utilizando inversión privada, sin aportes directos del Estado nacional. Además, Vialidad Nacional continuará desempeñando funciones de control y supervisión para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y las obligaciones contractuales.
Otro de los aspectos destacados del esquema de concesiones es que las adjudicaciones fueron realizadas considerando la menor tarifa de peaje ofrecida por los participantes del proceso licitatorio. Asimismo, los contratos establecen que las concesionarias deberán alcanzar condiciones adecuadas de transitabilidad antes de aplicar las tarifas definitivas previstas en las ofertas. También se contempla la incorporación progresiva de sistemas electrónicos de cobro, como TelePASE y peajes sin barreras (Free Flow), con el objetivo de agilizar la circulación vehicular.
La Etapa II-A representa un nuevo avance dentro de la Red Federal de Concesiones, programa que proyecta concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en distintas etapas. El objetivo oficial es modernizar corredores considerados esenciales para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad regional, mediante un sistema basado en inversiones privadas y contratos de largo plazo.
Con esta implementación, el Ejecutivo continúa avanzando en la reestructuración del sistema vial nacional, mientras las próximas etapas del programa prevén incorporar nuevos corredores en distintas regiones del país, ampliando el alcance del modelo de concesiones para una parte significativa de la red vial argentina.
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