El Ejecutivo prepara modificaciones para ampliar beneficios, flexibilizar controles y extender el plazo para utilizar ahorros no declarados hasta fines de 2027.
El Gobierno nacional avanza en una nueva reforma vinculada al Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la incorporación de ahorros informales al circuito económico formal. Tras los cuestionamientos planteados por profesionales de ciencias económicas y especialistas tributarios, el Ministerio de Economía trabaja en un proyecto que introduciría cambios relevantes respecto de la normativa vigente.
El borrador que comenzó a circular en los últimos días contempla una redefinición del concepto de “discrepancia significativa” utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para fiscalizar declaraciones juradas. La intención oficial es brindar mayores garantías a los contribuyentes y reducir el riesgo de perder beneficios por diferencias menores detectadas durante los controles.
Uno de los puntos más destacados es la extensión del plazo para utilizar fondos no declarados. Según el anteproyecto, quienes adhieran al régimen podrán emplear esos recursos hasta el 31 de diciembre de 2027, ampliando considerablemente el horizonte temporal previsto para la regularización de activos.
Más flexibilidad para los contribuyentes
Las modificaciones surgen luego de una serie de observaciones realizadas por contadores y especialistas tributarios, quienes advirtieron sobre posibles dificultades operativas y riesgos para quienes ingresaran al régimen.
Entre las correcciones previstas se encuentra la posibilidad de subsanar errores mediante rectificaciones de las declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios obtenidos. Además, se eliminarían algunos límites y restricciones que actualmente condicionan el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.
Especialistas del sector consideran que estos cambios aportarían mayor previsibilidad jurídica, ya que el organismo recaudador debería acreditar con información objetiva la existencia de diferencias relevantes antes de cuestionar una declaración. También se busca evitar que simples errores administrativos deriven en sanciones o exclusiones automáticas.
Cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias
Otro de los ejes centrales del proyecto es la modificación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), diseñado para facilitar el cumplimiento tributario de personas humanas.
La iniciativa apunta a simplificar los procedimientos declarativos, reducir la carga burocrática y ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse. Entre los cambios analizados figura la eliminación de topes patrimoniales y de ingresos que actualmente limitan el acceso al sistema simplificado.
La reglamentación vigente ya había introducido el concepto de “presunción de exactitud”, mediante el cual las declaraciones presentadas correctamente gozan de una protección especial frente a futuras impugnaciones. Con la nueva propuesta, el Gobierno busca reforzar ese principio y otorgar mayor seguridad jurídica a quienes ingresen al esquema.
El objetivo oficial: movilizar los “dólares del colchón”
La estrategia económica detrás de estas modificaciones apunta a incentivar que los ahorros mantenidos fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal. Desde el Ministerio de Economía sostienen que esos recursos podrían transformarse en inversión, consumo y financiamiento para actividades productivas.
La iniciativa forma parte de una política más amplia orientada a ampliar la base de contribuyentes, simplificar el sistema tributario y promover una mayor formalización económica.
Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el envío del proyecto al Congreso, fuentes oficiales señalaron que la presentación legislativa se concretaría en las próximas semanas. De aprobarse, las modificaciones podrían representar uno de los cambios tributarios más relevantes impulsados por el Gobierno durante este año.