El proceso judicial impulsado por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos intentará establecer la responsabilidad del Estado en los asesinatos cometidos en junio de 1956. Daniel Brión, hijo de uno de los hombres ejecutados, reclamó el reconocimiento de los hechos como crímenes de lesa humanidad.
Setenta años después de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina, la Justicia dará inicio a un juicio por la verdad destinado a esclarecer los fusilamientos ocurridos en José León Suárez durante la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu. El proceso busca reconstruir los hechos, determinar responsabilidades estatales y otorgar una reparación histórica a las familias de las víctimas.
La causa se centra en los asesinatos perpetrados durante la noche del 9 de junio y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez, donde varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales bonaerenses. Aquel hecho quedó inmortalizado años después en el libro Operación Masacre, del escritor y periodista Rodolfo Walsh, considerado una de las investigaciones periodísticas más importantes del país.
Entre las víctimas fatales se encontraban Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso. Otros detenidos lograron sobrevivir a los disparos y posteriormente brindaron testimonios fundamentales para reconstruir lo ocurrido. Uno de ellos fue Juan Carlos Livraga, cuya declaración permitió revelar detalles de los fusilamientos clandestinos.
La apertura del juicio constituye un hecho histórico, ya que los responsables directos fallecieron hace décadas. Por esa razón, el objetivo principal será establecer judicialmente la verdad de lo sucedido y determinar si los asesinatos pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, una figura que permitiría reconocer la gravedad institucional de aquellos crímenes.
El expediente avanzó tras años de trabajo de familiares, investigadores y organismos de derechos humanos. La causa tomó impulso luego del antecedente del juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, que abrió nuevas posibilidades para el reconocimiento judicial de hechos ocurridos antes de la última dictadura militar.
Uno de los principales impulsores de esta búsqueda es Daniel Brión, hijo de Mario Brión, quien tenía apenas cuatro años cuando su padre fue asesinado. A lo largo de décadas, dedicó gran parte de su vida a investigar los acontecimientos y preservar la memoria de las víctimas. Según sostuvo, el juicio representa una oportunidad para que el Estado reconozca oficialmente que aquellos hombres no fueron fusilados tras un procedimiento legal, sino asesinados por decisión de quienes ejercían el poder en ese momento.
La investigación judicial también recogerá testimonios de hijos y familiares de las víctimas, quienes aportaron documentación y relatos que permitieron sostener el reclamo durante décadas. La jueza federal Alicia Vence fue quien resolvió elevar la causa a esta instancia de juicio por la verdad, que se desarrollará en el ámbito del Juzgado Federal N.º 2 de San Martín.
El proceso coincide con las actividades conmemorativas por el 70° aniversario de la masacre y con distintas iniciativas culturales y académicas destinadas a mantener viva la memoria de aquellos hechos. En los últimos meses también se presentaron libros y encuentros públicos que recuperan las historias de las familias afectadas por los fusilamientos y las consecuencias que atravesaron durante generaciones.
A siete décadas de aquella tragedia, los familiares sostienen que la búsqueda de verdad y reconocimiento continúa siendo una deuda pendiente. Más allá de la imposibilidad de juzgar penalmente a los responsables materiales, consideran que una resolución judicial permitirá dejar asentado en la historia oficial que los crímenes cometidos en José León Suárez fueron una expresión temprana de la violencia estatal y la persecución política en la Argentina.
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